Las familias e individuos que han recibido una oferta económica, de parte del gobierno de Puerto Rico, para liquidar sus reclamaciones judiciales por la falta de servicios adecuados de Educación Especial podrán aclarar sus dudas en una serie de asambleas que realizarán, a partir de este fin de semana, los representantes legales que forman parte del pleito de clase Rosa Lydia Vélez.

La primera asamblea se llevará a cabo este sábado, 5 de abril, a partir de las 10:00 a.m., en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, en Hato Rey. El sábado 12 de abril, realizarán asambleas, a partir de las 10:00 a.m., en el Centro de Estudiantes del recinto de Fajardo de la Universidad Interamericana y en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en Ponce.

Miles de familias ya han comenzado a recibir la oferta económica propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de $25,000, a cambio de desistir de los pleitos radicados en tribunales estatales por la falta de servicios a la población de Educación Especial. La abogada Marilucy González Báez precisó que, de acuerdo con el procedimiento especial autorizado en febrero por la jueza federal Laura Taylor Swain, las familias tienen hasta el 3 de junio de 2025 para responder si aceptan o no la oferta.

No obstante, esa no sería la cantidad de dinero que las familias recibirían, pues, conforme al Plan de Ajuste, la oferta está sujeta a un descuento por considerarse una obligación no asegurada del gobierno central. El monto a recibir sería aproximadamente el 20.4% de la oferta, indica la notificación aprobada por Swain, lo que representa $5,100. Este porcentaje, no obstante, también podría cambiar a medida que se atienden los reclamos de deuda no asegurada que el gobierno tiene ante sí, alerta la notificación.

González Báez señaló que trabajan para calendarizar más asambleas de orientación a lo largo de abril, en diversos municipios.

El licenciado José Torres Valentín recalcó que el monto que se ofrece como parte de la transacción no fue negociado con abogados que representan a los litigantes, sino que fue una oferta unilateral de la JSF como parte de los procesos para atender la quiebra del gobierno de Puerto Rico. Las reclamaciones por el caso Rosa Lydia Vélez se encuentran entre las más cuantiosas en la lista de deudas del gobierno.

“Nuestras familias lo que están recibiendo es una propuesta que no hace distinción si es unilateral, si está avalado o no por el tribunal y está por escrito ‘la tomas o la dejas’. Y si la dejas, tienes que gastar… a la población más vulnerable y sin recursos en Puerto Rico. Es un total abuso”, expresó Torres Valentín.

El abogado explicó que quienes no acepten la oferta económica solo tendrán la opción de continuar con sus litigios en el foro federal, lo cual conlleva costos adicionales para, por ejemplo, traducir al inglés los voluminosos expedientes de sus casos.

Aunque no están de acuerdo con la oferta y han establecido que no pueden recomendarla a sus clientes, la realidad de los afectados los obligará a considerarla.

“Nosotros prevemos que las familias van a aceptar. Esto no es una negociación, es una imposición de la Junta de Control Fiscal, pero terminarán aceptando porque es la población que necesita mayor cantidad de dinero. Hay desesperanza y, para recibir nada, mejor acepto $1,000, $2,000″, reconoció.

En una comparecencia oficial, la gobernadora Jenniffer González señaló que, pese a la oferta económica sobre la mesa, “no hay dinero que compense lo que pasaron estas familias en Puerto Rico y lo que pasaron esos niños”.

“Puede haber una compensación monetaria a manera de aceptar una responsabilidad, pero no va a compensar ni va a restituir el tiempo ni los sufrimientos de muchas familias en Puerto Rico”, agregó.

En términos similares, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, opinó que “no hay dinero que compense a un padre que está buscando lo mejor para su hijo y que ha tenido escollos en su camino”.

Sostuvo que será “un ejercicio individual”, de cada familia, determinar si la cantidad acordada “les compensa o no”. “La realidad es que el asunto se tiene que trabajar dentro de la quiebra por decisión de ley”, dijo.

Ramos Parés reconoció que hay “mucha incertidumbre” y “muchos miedos” en torno al proceso en curso, por lo que enfatizó que nadie “debe sentirse forzado y obligado” a firmar un acuerdo con el que no esté de acuerdo.

“Creo que, a lo mejor, las negociaciones pudieron haber concluido en un mejor proceso”, expuso.

La JSF presentó, en noviembre del año pasado, una moción como parte del pleito de quiebra del gobierno central que detalla que se hará una oferta de $25,000 por familia a cambio de que se desista de cualquier reclamación o demanda contra el gobierno, sus agencias, instrumentalidades, funcionarios, directivos o cualquier empleado relacionado al litigio de Educación Especial.

Como parte del pedido a la jueza federal para que autorizara el procedimiento de notificación a los implicados, el ente fiscal no solicitó que evaluara la cantidad a ofrecerse.

La JSF ha detallado que hay unas 6,500 reclamaciones radicadas, previo al 2017, en cortes estatales a través de la fase de daños del caso Rosa Lydia Vélez, y estas serían las familias que recibirían la notificación sobre el acuerdo mediante el procedimiento especial. Las reclamaciones han estado paralizadas en los tribunales desde 2017, cuando se radicó el caso por la quiebra del gobierno central amparado en el Título III de la ley Promesa.

La portavoz del Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, Carmen Warren, lamentó que no han logrado tener una reunión con la gobernadora Jenniffer González para discutir la propuesta de la JSF. Asimismo, manifestó que los estudiantes y exestudiantes de Educación Especial, así como sus familias, no son los responsables de la quiebra gubernamental.

“El efecto que tiene sobre las familias es de una sensación de que no tenemos, no vemos, que nadie nos defienda. Parecería que nadie nos defiende cuando el gobierno, el Ejecutivo, no asigna los recursos que tiene que asignar para atender completamente las necesidades de los estudiantes, no identifica alternativas para que puedan evaluar el servicio que se haya ofrecido para que puedan tener calidad de vida. El tribunal lo hemos criticado un montón de veces... pero si no hay tribunal, ¿quién supervisa al Departamento de Educación? ¿Quién va a hacer que responda a las necesidades?”, sostuvo Warren.

Torres Valentín señaló que los litigantes han recibido la notificación, de unas 10 páginas, en inglés y español. La notificación incluye detalles sobre cómo responder a la oferta y los pasos que deben seguir para aceptarla o rechazarla, así como la fecha límite del 3 de junio.

“Repudiamos que el gobierno de Puerto Rico haya visto en nuestras familias más vulnerables meramente una estadística. No ha atendido este problema, en la fase de daños y en la fase de servicios de igual manera, han logrado unos avances, pero la insensibilidad sigue siendo la orden del día. Estamos en 2025 y, en mi punto de vista, no hay mucha diferencia del 14 de noviembre de 1980″, manifestó Torres Valentín, en referencia a la fecha que se radicó la demanda original que dio paso al pleito de clase.

En 2002, se firmó una sentencia por estipulación bajo lo que se conoce como la fase de interdicto en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez por la falta de servicios adecuados para niños y jóvenes de Educación Especial, que establece 87 indicadores con los que debe cumplir Educación.

La fase para reclamar compensación por daños y perjuicios a raíz de la falta de servicios de Educación Especial no está clasificada como un pleito de clase, reafirmó el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en 2005. Ante esto, los tribunales han requerido que las familias presenten pleitos de forma individual para cualquier reclamación. En 2014, el tribunal acogió un informe del entonces comisionado especial del pleito para establecer que los demandantes no tenían que probar, en sus reclamos, la negligencia de Educación y solo debían demostrar la relación entre dicha negligencia y los daños sufridos.

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Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.