Tras cancelar, la semana pasada, el acuerdo que mantenía, desde 1978, con el gobierno estatal para el manejo del área de La Parguera, en Lajas, el Cuerpo del Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) afirmó este lunes que tomó la determinación, principalmente, por entender que el pacto limitaba sus facultades regulatorias.

El USACE notificó, el 29 de enero, a la gobernadora Jenniffer González que dejaba sin efecto el memorando de entendimiento (MOU, en inglés), pero cuando este medio inquirió las razones al día siguiente, no ofrecieron detalles. Tampoco ofreció, entonces, copia de la comunicación oficial remitida al gobierno.

No obstante, este lunes, el USACE compartió copia de la carta dirigida a la gobernadora -firmada por el coronel Charles L. Decker, comandante del Distrito del Caribe- en la que estableció que, “si bien (el acuerdo) era bien intencionado, limita las opciones de permisos y cumplimiento del Cuerpo de conformidad con la Ley de Agua Limpia y la Ley de Ríos y Puertos”.

“(El MOU) ya no se ajusta a nuestra misión ni a nuestro compromiso de ofrecer un Programa Regulatorio más eficiente que responda a las necesidades actuales de nuestra área de responsabilidad”, esbozó el oficial federal.

Decker, a su vez, sostuvo que, “aunque el pacto entre el gobierno estatal y federal no tiene una fecha de expiración” entienden que el gobierno estatal “lo percibe como expirado” desde, al menos, la década de 1990.

El comandante del Distrito del Caribe advirtió, no obstante, que la cancelación del contrato “no cambia la misión del Cuerpo de implementar el Programa Regulatorio en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos”.

En un comunicado de prensa, el USACE abundó que, “con el establecimiento del Distrito del Caribe en 2024″, la agencia federal “tiene una gran oportunidad de reestructurar el Programa Regulatorio, para administrar todas sus actividades de permisos, cumplimiento y aplicación”.

El acuerdo, suscrito el 13 de junio de 1978 entre el USACE y el gobierno de Carlos Romero Barceló, describió la tenencia de residencias en el litoral de La Parguera como “una invasión no autorizada de áreas costeras y la construcción ilegal y desordenada de muelles privados y casas en zancos en los mangles costeros”.

Como parte del pacto, el USACE estaría encargado de la remoción de las llamadas casas-bote o casas flotantes que se ubicaban mar adentro, mientras el DRNA se encargaría de las estructuras en los mangles, como las decenas de residencias que siguen en pie al presente.

La eliminación gradual de la titularidad, que se supone que ocurriría dentro de un período de 12 años, permitiría que el litoral se convirtiera en “accesible al público general”.

De igual forma, se convertiría en un “concepto recreativo” comparable al centro vacacional de Boquerón, en Cabo Rojo, según el MOU.

No obstante, el acuerdo, en gran medida, se convirtió en letra muerta, pues el gobierno puertorriqueño nunca hizo valer la “eliminación gradual de la titularidad privada” y, alrededor de 2010, el USACE dejó atrás la supervisión del área, abriendo la puerta al desarrollo de nuevas construcciones y ampliaciones.

La cancelación del memorando se produjo en medio de los cuestionamientos sobre la gestión del secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez.

Apenas unas horas luego de ser nombrado, el titular firmó una orden administrativa con la que legalizó el estatus de decenas de estructuras ubicadas en el litoral, incluyendo la denuncia contra los suegros de la gobernadora,

El decreto, a su vez, ordenaba el archivo de los casos relacionados con las construcciones presuntamente ilegales, incluyendo la denuncia contra los suegros de la gobernadora, José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera.

Desde mayo del 2023, el DRNA investiga una querella contra ambos por el presunto corte ilegal de mangles y por supuestamente haber realizado, sin los debidos permisos, trabajos de ampliación y remodelación de un tablado o muelle en la residencia que adquirieron en 2017. El matrimonio ha negado los señalamientos.

No obstante, tras participar de una Comisión Total del Senado y empeñar su palabra con los legisladores a cargo de su designación, el nominado enmendó la orden para precisar que el análisis sobre la desestimación debía trabajarse caso a caso.