Si la revisión que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presente al plan dirigido a reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2) incumple con los requerimientos de ley, el gobierno de Puerto Rico se expone a que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés) apruebe un “Plan de Implantación Federal” (FIP, en inglés) que aplicaría a las dos áreas del país donde las concentraciones de este gas exceden los parámetros de calidad de aire desde la pasada década.

Richard Ruvo, director de la División de Aire y Radiación de la Región 2 de la EPA –a la que pertenece Puerto Rico–, insistió en que la preparación de un FIP no es la primera alternativa de la dependencia, a pesar de que, desde 2018, el DRNA no ha podido producir un documento que promueva el cumplimiento en su totalidad.

“No creemos que un FIP traería el cumplimiento más rápido, porque sería algo muy similar al SIP (Plan de Implantación Estatal), que tendría que atravesar un proceso de reglamentación, como el hallazgo de incumplimiento que estamos trabajando ahora”, señaló Ruvo, en entrevista con El Nuevo Día, al cuestionársele si este mecanismo promovería una solución más expedita al problema de salud pública.

El pasado 2 de octubre, la EPA abrió un período de comentarios públicos –que se extiende hasta el 2 de diciembre– con miras a finalizar la determinación de incumplimiento con los estándares de calidad de aire en las áreas de San Juan y Guayama-Salinas. En ambas zonas, las emisiones excesivas de SO2 están directamente atadas a las operaciones de las instalaciones de generación termoeléctrica: las centrales San Juan, Palo Seco (Toa Baja) y Aguirre (Salinas).

En una sesión informativa pública el martes, en el teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Ruvo subrayó que, si bien el gobierno federal puede penalizar a su contraparte puertorriqueño ante los incumplimientos continuos con los estándares de calidad de aire, no tiene el poder de ordenar directamente el retiro de las unidades generatrices más contaminantes, considerada la única vía para reducir las emisiones.

“A través de un modelaje, definiríamos los niveles de emisiones de SO2 que nos traerían a cumplir con los estándares. Entonces, convertiríamos eso en un límite de emisiones. No diremos que no puedes quemar determinado combustible, pero si ese límite significa que no puedes operar una unidad, entonces, es la decisión de la entidad”, comentó Ruvo a El Nuevo Día, describiendo un trámite similar a lo que ya aplica a varias unidades de emergencia en Palo Seco.

Conforme al calendario delineado por la EPA, la finalización del “hallazgo de incumplimiento” del gobierno estatal con los estándares de SO2 se materializaría para febrero de 2025. A partir de entonces, el DRNA tendría 12 meses para presentar una versión revisada del SIP que sometió en 2022 y, luego, la evaluación de la EPA tomaría unos 18 meses. Si el DRNA no presentara a tiempo el SIP o la EPA concluyera que no cumple con los requisitos, entonces, se abriría la puerta a un FIP.

Los estándares vigentes de SO2 se establecieron en 2010 y, en 2018, la EPA notificó el incumplimiento de las zonas de Guayama-Salinas y San Juan –que incluye, además de la capital, todo Cataño y partes de Guaynabo, Toa Baja y Bayamón–, ordenando la elaboración del SIP. Antes de someter la primera versión del SIP, en 2022, el gobierno estatal se expuso a penalidades relacionadas a asignaciones federales para carreteras, así como a restricciones en torno a permisos para actividades económicas que supongan emisiones de gases, castigos que estarían nuevamente sobre la mesa de producirse incumplimientos adicionales, dijo Ruvo.

El martes, en la sesión pública, varios de los participantes de la vista –en la que intervinieron figuras políticas como la representante Mariana Nogales y la candidata a la alcaldía de Guaynabo Myrna Conty, así como representantes de organizaciones comunitarias– cuestionaron si, a través del SIP, se atenderían medidas para controlar las emisiones de otros particulados producidos a base de la generación eléctrica, como el óxido nítrico, así como sobre los riesgos ambientales de que más unidades de la flota generatriz se modifiquen para el uso del gas natural.

En pasadas semanas, en el contexto de la notificación de incumplimiento de la EPA, Genera PR, administrador de la flota generatriz, indicó a El Nuevo Día que “está preparado para iniciar las modificaciones necesarias para que toda la flota opere con gas natural”, lo que, a juicio de la empresa, “asegura el cumplimiento con el SIP”.

“La EPA no se involucrará en esas discusiones, pero queremos asegurarnos que cualquier estrategia de control que contenga el SIP se base en elementos realistas. No queremos que el DRNA persiga un camino distinto a lo que busca el resto del gobierno”, sostuvo Ruvo en la entrevista, en alusión a la política pública energética, que ordena una transición a la energía renovable con objetivos de 40%, 60% y 100% para 2025, 2040 y 2050, respectivamente.

Junto a la sesión del martes, la EPA celebraría otra este jueves, en el recinto de Guayama de la Universidad Interamericana. Los funcionarios de la EPA recalcaron que, para propósitos de evaluar el incumplimiento del gobierno, solo se considerarán los comentarios del público que se reciban por escrito en el expediente del caso.