Ante la incertidumbre en el gobierno federal generada por la nueva incumbencia del presidente Donald Trump, los empleados del Centro Metropolitano de Detención (MDC, en inglés) se reunieron este viernes para, entre otras cosas, aclarar dudas sobre los cambios administrativos y las órdenes de reducción de personal.

Una de las principales preocupaciones de los trabajadores de la llamada cárcel federal, en Guaynabo, es el alcance de una de las órdenes para hacer un “large scale reduction in force” o una reducción a gran escala de la fuerza laboral.

“La administración de Trump pidió a todas las agencias federales que hagan un plan para reducir la cantidad de empleados, pero el pedido que tienen ellos no dice cuáles agencias están exentas. El problema con eso es que muchas de esas directrices, que están ya vigentes, no aplican, en gran parte, a las agencias que son de ley y orden”, expuso Jorge Rivera, presidente de la Local 4052 de la Federación Americana de Empleados de Gobierno (AFGE, en inglés).

“A veces, vemos que no tienen nada específico, pues, eso trae unas inquietudes a la gente (porque) no saben si nos va a tocar o no nos va a tocar a nosotros [...] y cuáles son las agencias que se consideran más esenciales”, agregó, en entrevista con El Nuevo Día.

Responder a las preguntas y dudas de los empleados, sin embargo, sería complejo. Según Rivera, el Buró Federal de Prisiones (BOP, en inglés), como patrono, “no ha dicho nada”.

“Hay muchas preguntas que yo sé que ellos (empleados) tienen, de las cuales yo no tengo mucha contestación; solamente puedo dejarles saber basado en mi experiencia, porque yo llevo 31 años trabajando allí y 30 años representando empleados”, expresó.

La Local 4052 del AFGE representa cerca de 220 empleados unionados del MDC en Guaynabo, incluyendo guardias penales y los manejadores de casos. Hasta el momento, ningún trabajador de la prisión ha sido despedido.

Además de discutir y responder preguntas, Rivera recordó que hay “unas políticas, unas directrices, unas normas y un convenio que siguen vigentes”.

Sin embargo, reconoció que el historial de Trump ha sido tomar las decisiones que él quiere y dejar que le demanden aquellos que no estén de acuerdo. Por eso, están monitoreando los recursos judiciales que ya se han entablado, en múltiples estados, por diversas acciones del presidente, incluyendo las cesantías.

“Estamos monitoreando todos esos casos, pero, al fin y al cabo, yo lo que pienso es que el presidente de Estados Unidos está esperando que tenga la oportunidad de llevar el caso a la Corte Suprema, que la tiene a su favor”, sostuvo.

De hecho, Rivera recordó que, en la primera administración de Trump, de 2017 a 2021, se priorizó las prisiones privadas. No descartó, por lo tanto, que esto vuelva a suceder ahora, y que estas instituciones se dediquen a recibir las personas inmigrantes indocumentadas, que también están en la mirilla de la administración federal.

Los empleados también cuestionaron el “permiso” que recibieron para arrestar a personas migrantes, cuando no tienen el entrenamiento para ello ni reciben una compensación.

En ese sentido, les preocupa la salida abrupta de la exjefa del BOP Colette Peters, debido a que prevén que puedan colocar, en su lugar, a personas de fuera de la estructura de prisiones y que impulsen cambios sustanciales.

Además, mostraron preocupación por el requerimiento de enviar semanalmente las cinco tareas que completaron, debido a que los protocolos de la prisión les prohíben discutir, con personas fuera del sistema, asuntos de seguridad.

Estas reuniones entre el liderato y la matrícula de la unión de trabajadores se suelen hacer trimestralmente para elaborar en diversos temas y se deja abierta la mesa para que los empleados traigan sus preocupaciones.