La creación de un registro que permita identificar a individuos y operadores de centros de cuidado prolongado convictos por violaciones a las leyes que protegen a los adultos mayores es una de las propuestas que presentó este martes un grupo de trabajo multisectorial formado para atender la crisis que atraviesa el país en la atención a este sector.

“No estamos hablando solamente del que comete el delito, del individuo o el ciudadano, sino también de un registro de las personas que son parte de un hogar de larga duración que han incurrido en delitos de negligencia o maltrato institucional”, explicó la senadora del Partido Nuevo Progresista Keren Riquelme. “De esta manera, podemos evitar que pueda repetir esa conducta”, agregó.

Hace tres meses, Riquelme y su homólogo Juan Oscar Morales anunciaron la creación de un “task force” para atender la problemática de adultos mayores abandonados en hospitales y centros de cuidado. Desde entonces, junto a representantes de agencias y el tercer sector, evalúan y discuten qué hace falta para trabajar la crisis.

Hasta mediados de septiembre, el Departamento de la Familia (DF) había recibido 8,844 referidos de posible maltrato contra adultos mayores, y el 77% era por negligencia o autonegligencia. A su vez, la agencia mantiene la custodia de 6,200 adultos mayores, una cifra que ha incrementado gradualmente cada año.

“Entendemos que es necesario crear este registro para nosotros documentar y respaldar las enmiendas a políticas públicas y que queden plasmadas... y, de haber alguna situación, algún referido, pues, nosotros ir sobre este registro y asegurar que no se repita este tipo de situaciones, como ha pasado”, indicó, por su parte, Josué Pérez, administrador auxiliar del Programa de Servicios Sociales a las Familias y Comunidad del DF.

Entre las iniciativas planteadas este martes por los senadores, también está que, a partir de enero, la nueva Asamblea Legislativa considere crear una comisión conjunta permanente dedicada únicamente a atender asuntos de los adultos mayores.

“La Carta de Derechos de los Adultos Mayores sufrió cuatro enmiendas este pasado cuatrienio, y estas enmiendas no eran, necesariamente, lo que se necesitaba”, dijo Riquelme, y agregó que la propuesta comisión se encargaría, además, de evaluar qué porción del presupuesto asignado a las agencias se dirige a implantar política pública para preservar los derechos de los mayores.

“Nuestro esfuerzo va dirigido a tener una sola ley con relación a nuestros adultos mayores. Por eso, la importancia de crear esta comisión conjunta que se va dedicar exclusivamente a esto”, abundó Morales, al sostener que existe un “choque” entre la legislación existente que se ha convertido en “el primer obstáculo que tienen las agencias” para trabajar el asunto.

Mantener datos estadísticos actualizados y expandir programas, como los centros de actividades múltiples para personas de edad avanzada, mejor conocidos como los Campea, fueron otras de las propuestas presentadas por el “task force”.

Eddie García Fuentes, del Programa de Servicios Sociales a las Familias y Comunidad, destacó, en tanto, la necesidad de establecer un protocolo uniforme que permita atender adecuadamente los casos de explotación financiera, según la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores” (Ley 121-2019).

Como parte de las recomendaciones, García Fuentes resaltó, igualmente, que urge ampliar el marco jurídico actual para que el DF tenga jurisdicción sobre las égidas privadas y públicas que, al momento, no son licenciadas por ninguna dependencia. El DF –como reconoció recientemente la secretaria Ciení Rodríguez– no puede intervenir con estos centros hasta que se reciba una denuncia o referido formal por posible maltrato o negligencia.

El Departamento de Justicia propuso enmiendas a los Artículos 125, 126 y 127 del Código Penal, que atienden las áreas de obligación alimentaria, abandono y negligencia en el cuidado de las personas de edad avanzada, en vías a atender “omisiones” que dificultan el procesamiento criminal de los delitos cometidos contra este grupo, explicó Riquelme. Igualmente, sugirió redefinir los conceptos de “cuidado sustituto”, “facilidad” y “centro de cuidado prolongado”.

Sobre la explotación financiera, atendida en el Artículo 127C del Código Penal, Justicia propuso reducir el monto objeto de la apropiación ilegal para que pueda considerarse un delito grave. Actualmente, para clasificarse como un delito grave, la cantidad de fondos, activos o propiedad mueble o inmueble involucrados en la explotación financiera debe ascender $2,501.00, como mínimo.

El sector de base de fe, que también participó en la discusión, propuso ofrecer adiestramientos sobre los requisitos básicos para establecer un “ministerio de adultos mayores”, y establecer acuerdos colaborativos con el DF para otorgar servicios.

De otra parte, el Departamento de la Vivienda trajo a la mesa la posibilidad de aumentar la cuantía máxima de $400 en subsidio que otorga la agencia para el arrendamiento de unidades para adultos mayores, según la Ley 173-1996. Mientras, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario trabaja en un inventario de necesidades en las comunidades que sirven, así como un proyecto de readiestramiento que permita a los mayores reinsertarse en el ámbito laboral y tener un ingreso adicional.

Aparte de las entidades mencionadas, el “task force” tiene representación de la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, la Oficina de la Procuradora de la Mujer y AARP Puerto Rico, entre otras.