En medio de las múltiples directrices del gobierno federal para deportar inmigrantes sin estatus regularizado, y tras las últimas redadas perpetradas en Estados Unidos –una de ellas afectando a un puertorriqueño–, abogadas, activistas y organizaciones de derechos humanos alertaron a estos grupos sobre los pasos que deben seguir para protegerse.

La presidenta del Capítulo de Puerto Rico de la American Immigration Lawyers Association, Mariela García Amador, enfatizó que las personas con estatus migratorio no regularizado siguen teniendo derechos y se deben respetar.

“No conozco ningún extranjero que no quiera estar legal”, acentuó, en respuesta a los discursos xenofóbicos y de odio que pudieran surgir hacia esta población con la nueva administración de Donald Trump.

La primera recomendación es que cada extranjero que no tenga la ciudadanía americana debe tener consigo sus documentos de identificación: tarjeta de residencia permanente, permiso de trabajo, papeles que evidencien sus procesos para regularizarse y/o licencia de conducir de Puerto Rico, entre otros.

“Si tiene algún estatus migratorio irregular, tener los documentos del TPS (Estatus de Protección Temporal), DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), paroles (permisos humanitarios)... Si tienen visa, llevar consigo el pasaporte con el folio de la visa. Si están en trámite, que tengan el recibo o copia de la petición que han hecho a Inmigración”, enumeró.

En la alternativa de que no tengan estos documentos, exhortó a que carguen con una identificación de su país natal. “No comprar tarjetas falsas. Hay veces que tienen tarjetas de (identificación) de otros familiares, pues, no andar con ellas. Que sean sus documentos”, insistió.

Al mismo tiempo, recomendó tener en sus casas un apartado con documentos importantes y darle copia a sus familiares cercanos o abogados de inmigración. Además, instó a compartir contactos entre sus redes de apoyo.

“Tenemos que tratar de mantener la calma y proveer ayuda a nuestros vecinos y familiares que son extranjeros y están pasando por una situación difícil. Urgimos que las autoridades locales tomen las medidas para proteger a la comunidad inmigrante”, recabó.

Planteó que los niños, sin importar su estatus migratorio o el de sus padres, también tienen derechos y deben asistir a la escuela.

García Amador exhortó a los inmigrantes a evitar cualquier tipo de violación de leyes, entre ellas, guiar sin licencia y conducir bajo bebidas embriagantes o a exceso de velocidad, actos que “pudieran llevar a una intervención policial innecesaria”.

“Cualquier intervención gubernamental contra del extranjero deberían evitarlo. Que nadie sin estatus migratorio regularizado se acerque a un puerto o aeropuerto en general. Tienen alta presencia de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y se pueden considerar territorio federal hasta cierto punto, lo cual les permite intervenir con cualquier persona”, resaltó.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) explicó que, si un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) se le aparece, usted:

La Orden General Capítulo 600 Sección 626 del Negociado de la Policía establece las normas y procedimientos a seguir por los miembros de la Uniformada al momento de intervenir con personas extranjeras por la comisión de delitos u otras circunstancias que requieran la interacción policial, como accidentes de tránsito.

Además, esta orden –firmada en 2016 por el entonces superintendente de la Policía, José Caldero López, y que continúa vigente– delinea la política pública de no discrimen contra personas por condición de su estatus migratorio, origen o condición social, y nacionalidad u origen étnico.

El exmonitor federal de la Reforma de la Policía Arnaldo Claudio explicó, no obstante, que pudiera haber oficiales estatales en los operativos federales de ICE.

“La Policía de Puerto Rico está exenta, cuando interviene con alguien, de preguntarle sobre su estatus migratorio. Eso no quiere decir que, en el ‘task force’ de ICE y los otros grupos de trabajo federales, haya policías estatales participando de la política pública del presidente Trump”, enfatizó.

“Cuando se hagan estas redadas, no va a ser sorpresa que esté participando la Policía de Puerto Rico. En esa colaboración, pudiera haber entre 400 a 450 policías”, abundó Claudio.