La interrupción de los servicios educativos y las terapias de más de 200 estudiantes de Educación Especial matriculados en el Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada (IMEI), en Río Piedras, amenaza el desarrollo y bienestar de esta población, en su mayoría, alumnos con impedimentos moderados o severos, por lo cual un grupo de padres se movilizaba el lunes para recurrir a los tribunales.

El abogado Osvaldo Burgos, quien ha representado a familias de estudiantes de esta institución privada, sostuvo que la acción tomada por el colegio en medio de una disputa contractual con el Departamento de Educación violenta el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación apropiada.

“Un día sin clases es grave. Muchos de estos niños tienen condiciones cuya interrupción de servicios causa una regresión, un rezago grande. No debe pasar. Ningún niño debe ver interrumpido su proceso educativo por cuestiones burocráticas o fallas administrativas del Departamento”, manifestó.

A nombre de las familias, Burgos trabajaba este lunes para presentar un recurso al tribunal “pidiendo que ordenen al Departamento de Educación que cumpla con su deber ministerial de ofrecerle servicios a estos estudiantes”. Al momento de esta publicación, la demanda no había sido sometida.

El abogado indicó que la interrupción en servicios en IMEI ya se elevó a la atención del monitor en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez, un caso de hace más de cuatro décadas que gira en torno a las fallas del Departamento de Educación para ofrecer servicios adecuados a los estudiantes de Educación Especial.

La secretaria asociada de Educación Especial, Noelia Cortés Cordero, indicó, en entrevista con este diario el domingo, que ya están en las fases finales de la aprobación de una enmienda al contrato entre la agencia y la institución académica, la cual está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para su autorización final. La institución académica atiende unos 220 estudiantes del sistema público, informó la funcionaria.

IMEI informó a la comunidad la semana pasada que interrumpirían los servicios educativos y de terapias que allí reciben estudiantes de Educación Especial a partir del lunes, en espera de la aprobación de la enmienda al contrato.

“El referido contrato, de ordinario, es objeto de enmiendas de parte del DE, quienes unilateralmente asignan fondos y partidas para cubrir los servicios ofrecidos a la matrícula de compra de servicios”, lee una carta enviada a padres, madres y encargados, el 10 de septiembre, y firmada por la directora ejecutiva del IMEI, Susana Arinello de González.

“Compra de servicios” es el término que se utiliza cuando un estudiante de Educación Especial es matriculado en una institución educativa privada, pagada con fondos de Educación, ya que la agencia no puede atender sus necesidades en una escuela pública.

El Departamento de Educación tiene un contrato con el IMEI, por $6 millones, que vencía el 30 de junio. Fue enmendado, en marzo, para sumar otros $3.6 millones y, luego, para extender su vigencia hasta el 30 de septiembre, por $111,000 adicionales, de acuerdo con la información disponible en el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

La actual enmienda al contrato del pasado año fiscal añadiría otros $2 millones. Cortés Cordero explicó que se trata de cambios típicos que se hacen a lo largo del año escolar, ya que el monto facturado por la institución cambia según los servicios aprobados para los estudiantes y cantidad de alumnos que atienden.

La secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, señaló, en entrevista previa, que solicitó a la directora ejecutiva del IMEI un plazo hasta el próximo viernes antes de tomar una decisión como la de suspender servicios educativos y terapias.

Burgos destacó que los estudiantes de Educación Especial en el IMEI fueron matriculados en dicha institución como solución a un proceso adversativo entre las familias y Educación. Ante esto, lamentó que nuevamente los alumnos y sus familias estén sujetos a “más atropellos”.

“Estos son niños que ya el Departamento de Educación les falló. El Departamento no les cumplió al no tenerles una ubicación adecuada en el sistema público. Estos padres tuvieron que presentar querellas, tuvieron que estar ante un proceso administrativo donde un juez administrativo determinó que deben estar en esta institución privada, y ahora vuelven y les fallan”, expuso el abogado.