La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuestionó el liderato de la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por plantear la falta de presupuesto para costear sus acreditaciones y criticó el manejo del convenio colectivo de un sector de sus empleados no docentes, estableciendo que los problemas se deben a fallas causadas por la propia institución académica.

Por un lado, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, manifestó que la “incapacidad de la UPR para presentar evaluaciones de costos completas” sobre el convenio colectivo de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) es preocupante.

“Esto sugiere que la UPR no ha evaluado de manera exhaustiva el CBA (siglas en inglés de convenio colectivo) propuesto y, a pesar de abogar por él, no tiene una comprensión clara de su impacto financiero en la UPR. La información solicitada por la JSF es información estándar que la UPR debería haber considerado al evaluar el impacto del CBA propuesto”, expresó Mujica, en una carta con fecha del 22 de octubre.

A la vez, manifestó que es responsabilidad de la UPR identificar, dentro de su presupuesto, los fondos que necesita para cumplir con sus obligaciones.

“Priorizar de formar efectiva es crucial para alinearse con la misión de la UPR, frecuentemente requiriendo decisiones difíciles para atender los desafíos institucionales. Un liderazgo sólido también es esencial para manejar desafíos críticos, como cumplir con los requisitos de acreditación”, estableció Mujica.

La Heend decretó un paro de 24 horas para este jueves si no llega a un acuerdo hoy, miércoles, con la administración universitaria sobre el estatus de su convenio colectivo, luego que su entrada en vigor quedara en suspenso mientras la JSF evalúa su impacto. La Heend y la UPR se reúnen este miércoles ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

La semana pasada, la JSF señaló que carecía de suficiente información para evaluar el pacto con la Heend y solicitó a la UPR que remitiera la información correspondiente a cada empleado cubierto por el convenio propuesto, incluyendo las posiciones, estatus laboral, tiempo de servicio, salario por hora, salario mensual y anual, y beneficios marginales. Asimismo, el ente requirió una tabulación de los empleados que laboran a tiempo parcial y completo, al igual que un cálculo de los salarios promedios por categoría.

Mujica recalcó que la UPR tiene hasta el viernes 1 de noviembre para entregar los documentos solicitados, tras conceder una prórroga de cinco días solicitada por el presidente universitario, Luis A. Ferrao Delgado.

“Esta información es fundamental para garantizar que los compromisos de la UPR estén alineados con sus capacidades financieras y objetivos estratégicos a largo plazo. La disposición de la JSF para extender la fecha para que la UPR proporcione la información solicitada una vez no indica que aceptará solicitudes de extensión adicionales”, indicó.

Por otra parte, los señalamientos de Mujica sobre el presupuesto de la UPR surgieron en respuesta a una entrevista publicada en El Nuevo Día en la cual funcionarios de la universidad del Estado indicaron que el presupuesto certificado por la JSF no contiene una partida de fondos para cubrir las acreditaciones de la institución. En total, la UPR requiere unos $14.7 millones para mantener sus 258 acreditaciones y logró reasignar partidas, pero aún faltan por identificar unos $7 millones para cubrir todas las obligaciones de cuotas anuales y gastos de visitas, entre otros.

Los recortes presupuestarios al sistema universitario han sido constantes por la pasada década, a raíz de la crisis de deuda pública del gobierno. Del año fiscal 2019-2020 al presente, el presupuesto operacional de la UPR –que incluye las asignaciones del Fondo General, ingresos propios e ingresos de la Ley de Juegos de Azar– ha disminuido en $86 millones.

No obstante, Mujica argumentó que la UPR ha recibido fondos adicionales en los últimos años fiscales. Estos fondos han estado sujetos al cumplimiento con una serie de requerimientos anuales.

“Mientras que la matrícula en la UPR ha disminuido aproximadamente un 32% desde el año fiscal 2017, el financiamiento ha disminuido solo un 8%. A pesar de las reducciones anteriores, el financiamiento ha estado aumentando anualmente desde el año fiscal 2022, lo que refleja un apoyo continuo a la institución, incluso a medida que cae el número de estudiantes. En los últimos dos años fiscales, la JSF ha aprobado un total de $204 millones en fondos adicionales para la UPR”, apuntó Mujica.

Este dinero adicional corresponde a dos fondos de $102 millones –aprobados para el pasado año fiscal y el vigente– que están en manos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto mientras la UPR cumple con ciertos hitos (“milestones”). La UPR todavía no ha recibido unos $45 millones del fondo del pasado año fiscal.

Este año fiscal, la UPR recibió $441.2 millones del Fondo General y se prevé que tendrá un déficit de $63 millones.

“La JSF está comprometida a apoyar la UPR para que cumpla con su misión en beneficio de sus estudiantes, personal y la comunidad. Durante el año fiscal 2024, la JSF y la UPR avanzaron en el desarrollo de un plan para transformar las operaciones de la UPR y priorizar inversiones. Sin embargo, es responsabilidad de la UPR proponer asignaciones presupuestarias que aborden de manera efectiva las necesidades de los estudiantes, el profesorado y la infraestructura, y que salvaguarden las acreditaciones en todos los recintos. Al alinear los recursos de manera estratégica y establecer prioridades claras, la UPR puede fortalecer su misión estatutaria y lograr resultados significativos, incluido un proceso de acreditación exitoso”, señaló Mujica.

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REFERENCIAS:

Carta del director ejecutivo de la JSF sobre el convenio colectivo de la Heend (22 de octubre de 2024)

Carta del director ejecutivo de la JSF sobre las acreditaciones de la UPR (22 de octubre de 2024)