El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, reveló que el organismo inició un análisis de la cantidad de fondos que el gobierno federal ha asignado y comprometido a Puerto Rico, reconociendo que la pérdida de una porción significativa de ese financiamiento –una posibilidad que pudiera estar sobre la mesa durante la próxima presidencia de Donald Trump– implicaría un “impacto masivo” para el territorio estadounidense.

Mujica, por un lado, sostuvo que no percibe que el gobierno federal entrante planifique singularizar a Puerto Rico en potenciales recortes de asignaciones, pero, de otra parte, aceptó que el golpe sería mayor que el que sufrirían otras jurisdicciones dado el nivel de dependencia.

“En la medida que los fondos se reducen, Puerto Rico será impactado, pero está en nosotros y el gobierno justificar, en Washington, por qué es importante que estas partidas se mantengan. Algo que tenemos a favor es que hay miles de millones de dólares que el Congreso ha autorizado para la reconstrucción, y por eso tenemos que asegurarnos de que utilizamos ese dinero y mostrar a cualquiera que esté mirando en Washington que somos capaces de aprovechar esos fondos. Ya ellos (gobierno federal) han afirmado que Puerto Rico merece y necesita el dinero, y es cuestión de que Puerto Rico los maximice”, acentuó Muijca, señalando que cualquier cambio de administración política trae consigo “dolores de crecimiento”.

Tanto en campaña como luego de derrotar en las elecciones a la vicepresidenta Kamala Harris, Trump ha abogado por rescindir los fondos para combatir el cambio climático de la “Ley de Reducción de Inflación” (IRA, en inglés), y sacar nuevamente a Estados Unidos del histórico Acuerdo de París, que, en diciembre de 2015, proclamó que el cambio climático constituye una emergencia mundial.

En esa línea, designó como secretario de Energía a Chris Wright, líder de la industria de combustibles fósiles y considerado un negacionista del cambio climático, y quien representará un marcado contraste respecto a la secretaria saliente Jennifer Granholm, quien supervisó el estudio PR-100, dirigido a viabilizar que Puerto Rico alcanzara su meta de producir toda su energía de fuentes limpias.

Según la Casa Blanca, hasta octubre, la administración de Joe Biden había invertido $2,900 millones en Puerto Rico en los sectores de energía limpia, infraestructura y manufactura, en fondos adicionales a las partidas de reconstrucción.

“Estamos haciendo el ejercicio ahora, de ver cuánto (dinero) se ha obligado y cuánto estaría en riesgo. Lo que sabemos es que la cantidad en riesgo es muy significativa y, si los perdiéramos, tendría un impacto masivo tanto sobre la economía de Puerto Rico como en la capacidad de recuperación”, puntualizó el director del organismo que controla las finanzas públicas del país.

De momento, Mujica indicó que no se tiene una cifra aproximada de los fondos que, por no haber sido comprometidos a propósitos específicos, pudieran perderse, pero dio por hecho que se trata de “miles de millones de dólares”.

“Es algo que literalmente estamos haciendo ahora, pero es en múltiples áreas, no solo energía”, indicó.

De otra parte, Mujica urgió a la gobernadora electa Jenniffer González a ejercer cautela con su promesa de eliminar la Oficina Central de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia (COR3, en inglés), que desde 2017 ha fungido como el intermediario entre el gobierno puertorriqueño y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para la administración de los más de $50,000 millones que esa dependencia ha aprobado para atender los distintos desastres que ha experimentado el país.

“Hay que mantener la pericia que se tiene y administrarla. A veces, cambiar por cambiar no logra nada, pero si con un cambio puedes mejorar (vale la pena). Tenemos que ser muy cautelosos de no hacer nada que nos lleve hacia atrás. En los pasados años, hemos aprendido mucho sobre los fondos federales, cómo funcionan, y si bien algo de cambio puede ser bueno, también necesitas cierta continuidad y el conocimiento que se ha adquirido”, señaló, agregando que “independientemente del nombre” de la entidad, “alguien tiene que administrar los fondos federales”.

El COR3 fue creado luego del huracán María, cuando la primera administración de Trump ordenó “establecer una autoridad territorial de supervisión de subvenciones apoyada por terceros expertos, que funja como el recipiente de fondos para financiamiento de asistencia pública y mitigación de riesgos que garantice un manejo adecuado y un control y supervisión mejorado y centralizado de la distribución de las subvenciones de fondos de FEMA”.

En noviembre, el director ejecutivo del COR3, Manuel Laboy, advirtió que esa condición permaneció vigente a lo largo de la presidencia de Biden y que no ve razón para que el gobierno de Trump la revierta.