La tasa de violaciones en los pagos de AutoExpreso se ha disparado de menos de 2% hasta alcanzar un 15% desde que, hace tres años, se suspendió el sistema de multas tras un ciberataque que sufrió el operador del sistema, una tendencia que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) tendrá que incorporar en su planificación financiera al considerar que no se prevé la reanudación de las penalidades hasta, al menos, el verano de 2026, advirtió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

De acuerdo con el organismo fiscal, el incumplimiento con los pagos de peajes supone una carga financiera para la ACT, que actualmente tiene la obligación de compensar al operador, Professional Account Management, por los ingresos dejados de recibir a consecuencia de esta práctica, “añadiendo riesgo a su solvencia”.

Tras suspender las multas en abril de 2022, la ACT había perdido recaudos estimados en $80 millones hasta febrero de este año. Según la carta que el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, suscribió el jueves, la corporación pública dejaría de devengar otros $50 millones adicionales hasta julio de 2026, cuando se proyecta que entre en vigor el nuevo sistema de multas.

“Más aún, la suspensión vigente de las multas efectivamente removió el mecanismo de cumplimiento de recolección de peajes, lo que puede estar contribuyendo a tasas más elevadas de violaciones. Esta dinámica aumenta las cuentas por pagar de la ACT a los concesionarios por peajes no pagados y añade riesgo a su solvencia. En los pasados dos años, la tasa de violaciones ha aumentado a 15%, incrementando del promedio histórico antes de (la pandemia del COVID-19) de 1-2%”, señaló Mujica en la misiva dirigida a la gobernadora Jenniffer González, el secretario del Departamento de Transportación de Obras Públicas y jefe de la ACT, Edwin González Montalvo, y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech.

Las multas de peajes, subrayó la JSF, suponen “la principal fuente restante de recaudos operacionales propios” luego del contrato que la ACT suscribió en 2023 para ceder a Metropistas el mantenimiento de las autopistas PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66. Por lo tanto, “la ACT deberá proveer una explicación a la posposición de la fecha estimada para la reanudación de las multas de abril de 2026 a julio de 2026”, indica la carta.

La comunicación de Mujica, de ocho páginas, enumera las “violaciones” identificadas por la JSF en la revisión del plan fiscal propuesta por la ACT. La ACT deberá entregar una versión corregida en o antes del 5 de mayo, precisó el director de la JSF.

Entre otros elementos, Mujica levantó bandera sobre el ritmo proyectado de inversiones que propone la corporación pública, que utilizaría, entre 2026 y 2030, $481 millones de los cerca de $1,000 millones en capital disponible que le dejó la transacción con Metropistas.

Este nivel de gasto, de acuerdo con el ente que controla las finanzas públicas del país, “deterioraría el fondo dotal a un ritmo acelerado y colocaría en riesgo la sostenibilidad fiscal a largo plazo”.

Ese ritmo de gastos, a su vez, parecería contrastar con la experiencia histórica y reciente en la ACT, plantea la misiva de Mujica, que expone que, más temprano este año, recibió preocupaciones de la Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés) por el lento avance en desembolsos para obras capitales.

Según Mujica, la FHWA –que mantiene un acuerdo de entendimiento (MOU, en inglés) con la ACT– compartió datos que apuntaban que un 77% de los proyectos de la corporación pública se consideraban “inactivos” debido a que habían transcurrido al menos 12 meses sin que se registraran desembolsos.

En respuesta a esos señalamientos, Mujica pidió a la ACT que, como parte de la revisión del plan fiscal, “se comprometa a proveer informes más detallados y certeros a la JSF sobre el cumplimiento de la ACT con el MOU, como el monitoreo de las obligaciones de los proyectos”.

“La ACT también deberá comprometerse a suplir datos a nivel de proyecto sobre los desembolsos y el tiempo de las obligaciones (de fondos), los retrasos entre las obligaciones y la primera facturación, el estatus de los proyectos (financiados por la) FHWA (activo o inactivo), las razones por las que un proyecto está inactivo y el plan de acción propuesto para rectificar ese estatus”, exigió Mujica.

Las correcciones al plan fiscal propuesto, además, deberán ajustar las proyecciones de ingresos y gastos en respuesta a la transferencia de la administración del Tren Urbano y sus sistemas de interconexión a la Autoridad de Transporte Integrado (ATI). En diciembre pasado, la Administración Federal de Tránsito dio paso a que la ATI se convirtiera en el “recipiente” de los fondos para el sistema del tranvía, lo que le otorgará la responsabilidad sobre la planificación de todo el sistema público de transporte, detalló Mujica.