A una semana de que el Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se quedara sin fondos, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó este martes una reprogramación presupuestaria que destinará $50 millones del gobierno central a la corporación pública para cumplir con las obligaciones con los retirados a lo largo de abril y mayo.

La reprogramación, de acuerdo con la carta del director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, está condicionada a que, en o antes del viernes, la AEE someta al Negociado de Energía (NEPR) una petición para un ajuste tarifario de emergencia que permitiría que, durante junio, los aproximadamente $25 millones que el sistema de pensiones requiere se sufraguen por medio de las facturas.

Originalmente, el gobierno había pedido a la JSF que liberara $73,765,215 para cubrir los pagos a los jubilados a lo largo del próximo trimestre, un monto que se consignó en una resolución conjunta que la gobernadora Jenniffer González envió el lunes a la Legislatura, de acuerdo con Mujica.

A finales de marzo, expiran los $74 millones que financiaron el plan de pensiones desde enero, provenientes de un reembolso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, y previnieron un incumplimiento con los más de 12,000 jubilados y cónyuges dependientes del sistema.

El lunes, asimismo, el NEPR había instruido a la AEE a coordinar con LUMA Energy para solicitar un ajuste tarifario temporal que aplicara desde el 1 de abril. De acuerdo con el presidente de la Junta del Sistema de Retiro de la AEE, José Rivera Rivera, los aproximadamente $25 millones mensuales supondrían un aumento de 1.75 centavos por kilovatio hora (kWh) en las facturas de los clientes.

Ese golpe, en síntesis, esfumaría el alivio que se proyecta para el trimestre de abril a junio, periodo para el que LUMA, la semana pasada, pidió una reducción de 1.34 centavos en el costo del kWh para clientes residenciales, que desde enero se ha situado en 26.25 kWh.

Al aprobar una reasignación presupuestaria por dos meses y exigir que la AEE solicite el aumento de emergencia para junio, la JSF parece confiar en que, a partir de julio, las pensiones se cubrirán enteramente de la factura, como parte del proceso de revisión tarifaria liderado por el NEPR, que para ese entonces deberá haber definido los requisitos de ingresos del sistema eléctrico para los años fiscales de 2026 hasta 2028.

“La necesidad de una solución permanente al precipicio de pensiones de la AEE es inevitable y urgente”, acentuó Mujica en la misiva de este martes.

En conferencia de prensa antes que trascendiera la carta del organismo, la gobernadora anticipó que el miércoles se reunirá con la JSF para abordar el escenario que enfrentan los retirados de la empresa eléctrica, y rechazó que fuera “necesario” aumentar la tarifa.

“No hay que aumentar la tarifa de luz”, recalcó González, indicando que su “instrucción” a la directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata, era que no se pidiera un alza al NEPR. “Vamos a buscar cómo, de manera permanente, podemos atender esto”.

En entrevistas por separado con El Nuevo Día, tanto Rivera Rivera como el presidente de la Asociación de Empleados Jubilados de la corporación pública, Johnny Rodríguez Ortiz, rechazaron que recurrir a la factura sea un mecanismo adecuado para atender la deficiencia presupuestaria a corto o largo plazo.

“Hemos sido consecuentes con el planteamiento de que el gobierno central tiene el dinero necesario para garantizar las pensiones de los jubilados de la AEE. Toda esta situación la hacen para justificar un aumento permanente en la factura de la luz, cuando eso no es necesario”, sostuvo Rivera Rivera, quien recalcó que la deuda en aportaciones de la corporación pública al Sistema de Retiro, desde 2013, asciende a cerca de $800 millones.

Recalcó que, como parte del Plan de Ajuste del gobierno central, se estableció un fideicomiso de pensiones que anualmente ha logrado recaudos en exceso de las proyecciones.

“La JSF ha dicho al tribunal (en el caso de reorganización financiera de la AEE) que no es posible aumentar las tarifas de energía eléctrica porque implicaría mantener a Puerto Rico en una situación fiscal que impide tener un desarrollo económico sostenible. Lo que está haciendo la administración de turno es dándole la vuelta a lo que la JSF ha establecido para poder complacer a los bonistas. Uno se queda perplejo”, acentuó Rivera Rivera.

En tanto, Rodríguez Ortiz indicó que la Asociación de Empleados Jubilados propone que la AEE o el gobierno central desembolsen, a corto plazo, una porción de la deuda que la empresa estatal acumuló desde 2013 con el Sistema de Retiro, lo que permitiría recapitalizar el pote y reanudar las inversiones. De acuerdo con Rivera Rivera, en las dos décadas a la paralización de las aportaciones patronales, se generaron cerca de $1,700 millones a partir de las inversiones realizadas, lo que redundó en un sistema que gozaba de una proporción de $1.20 por cada dólar estimado en obligaciones futuras.

Con una aportación inicial de $500 millones, “podríamos ir al mercado de inversión nuevamente. La experiencia con nuestros planes de inversiones es que hemos sido muy exitosos”, dijo Rodríguez Ortiz.

El miércoles, los retirados de la AEE se manifestarán frente a La Fortaleza, con el objetivo de lograr audiencia con la primera ejecutiva y presentarle su propuesta para estabilizar el modelo de pensiones, que también incluye integrar a los jubilados de la corporación pública como beneficiarios del fideicomiso del gobierno central.

En 2024, el Sistema de Retiro se sufragó mediante un préstamo de $300 millones del gobierno central. A largo plazo, la corporación pública ha insistido que la solución descansa en el desenlace del caso de reestructuración ante la jueza federal Laura Taylor Swain.