La insinuación de que la cogeneradora AES Puerto Rico debe permanecer activa más allá de 2027 –como recomendó el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, en las vistas de transición la semana pasada–, es un reflejo de la incapacidad gubernamental de hacer valer su propia política pública, que dejó una ventana de más de ocho años para sustituir la generación eléctrica de la planta, opinaron ciertos grupos ambientales.

Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental, de Salinas, una de las organizaciones que por años ha denunciado las prácticas de AES con la disposición de las cenizas de carbón derivadas de sus operaciones tildó la recomendación del director ejecutivo de la AEE como una “falta de respeto” a las comunidades que han combatido la producción de energía a base de la quema de carbón.

“Lamentablemente, no están tomando en consideración que esa planta es la más costosa para el pueblo de Puerto Rico por el impacto que tiene en la salud. Yo sé que a Josué Colón nunca le ha importado lo que pase con la gente, pero a la gobernadora (electa Jenniffer González) parece que tampoco le interesa”, censuró el también secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño.

El pasado jueves, como parte de la vista enfocada en el componente energético del gobierno, Colón afirmó que el país carece de las alternativas para sustituir los más de 500 megavatios (MW) que AES produce por medio de sus dos unidades generatrices. La Ley 17 de 2019 estipuló que, a partir de enero de 2028, en Puerto Rico no se podría producir más energía a base de carbón, fecha que se dispuso para coincidir con la expiración del contrato de AES, que hasta ahora cubre cerca de una sexta parte de la demanda eléctrica.

Hace ocho años y tras una intensa jornada de protestas en la que fueron arrestadas varias personas, mientras intentaban impedir que se depositaran las cenizas de la planta en un vertedero de Peñuelas, se aprobaron leyes que obligaron a AES a exportar los residuos, lo que más recientemente redundó en que la AEE incrementara la compensación de la empresa para cubrir el gasto.

“Deben ya ir considerando como un asunto prioritario que, si no hay nada que vaya a sustituir generación base, que no son placas solares ni baterías. Es una generación base, 24 horas, siete días a la semana, llueve, truene o ventee, eso está ahí generando. Para reemplazar esa generación base, tiene que ser de la misma categoría, de la misma calidad, y me gustaría que del mismo costo o menor. Si eso no está en el ‘pipeline’, y ahora mismo no lo hay, porque construir una planta nueva no estará en dos años, se tiene que ir evaluando la posibilidad de posponer que esa planta cierre operaciones, porque va a ocasionar un problema de confiabilidad”, expresó Colón en un intercambio con el presidente del Comité de Transición entrante, Ramón Luis Rivera Cruz.

Colón destacó, igualmente, que la energía comprada a AES es la de menor precio para la AEE en toda la flota existente.

“Si no la tenemos (una alternativa de reemplazo), cuando venga la época de verano, los apagones van a ser la orden del día”, afirmó por su parte, Rivera Cruz, también alcalde de Bayamón.

González, quien desde la campaña ha recalcado que su visión hacia el tema energético contempla la “diversidad” en las fuentes de generación, incluyendo un componente de combustibles fósiles que brinde “estabilidad”, evitó asumir postura sobre la posibilidad de extender la permanencia de la planta de carbón de AES, empresa que, al momento, desarrolla dos fincas de generación de energía solar y almacenamiento en baterías en Salinas y Guayama.

“Eso me sorprendió, que el director de la AEE planteara eso, así que lo tengo que tomar como una recomendación. Va a depender de cuánta generación tenga Puerto Rico, y si podemos vivir sin esa generación. Obviamente, esa recomendación la vamos a evaluar, y no descarto reunirme con él para discutirla. Por eso estas vistas de transición son tan importantes”, afirmó la mandataria electa, en entrevista con El Nuevo Día.

AES informó que no emitiría declaraciones en torno a las expresiones de Colón. La empresa internacionalmente se ha movido de la generación con carbón al mercado de gas natural y proyectos energía renovable.

En agosto, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) alcanzó un acuerdo con AES, mediante el cual la compañía aceptó pagar $3.1 millones por violaciones a la Ley de Aire Limpio. Recientemente, la EPA igualmente ha requerido a AES acciones correctivas asociadas al impacto de las cenizas sobre los cuerpos de agua subterráneos.

Pese a los comentarios de Colón, para Ramón Luis Nieves, abogado energético y expresidente de la Comisión de Energía del Senado, la posibilidad de que AES mantenga sus operaciones más allá de 2027 es mínima debido a los pasos que se han tomado dirigidos al cierre, así como a las políticas que han adoptado sus filiales en el exterior.

Al reconocer que la advertencia de Colón tiene validez desde el punto de vista de la capacidad del sistema para sostener la demanda energética, el exsenador popular criticó la gestión gubernamental, que no ha sido capaz de integrar las fuentes de energía renovable que se ordenaron en la propia Ley 17, instrumentadas, a su vez, en el Plan Integrado de Recursos (PIR) que aprobó el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en 2020.

Desde entonces, la AEE –en una responsabilidad que ahora comparte con el NEPR y LUMA Energy– ha otorgado contratos para proyectos que totalizarán cerca de 650 MW de energía solar junto a 400 MW en baterías de almacenamiento con capacidad de despachar por cuatro horas. Ninguno de los proyectos, sin embargo, entrará en operación hasta finales de 2025, y las cifras contratadas distan de la capacidad de los 3,750 MW energía limpia y 1,500 MW de baterías que, según el PIR, debían adquirirse para esta fecha, y que hubieran dado paso a cumplir con la cartera de renovables y facilitar la salida de AES.

“Es un reto bien grande que tiene el próximo gobierno, pero es un reto que no se enfrenta porque la ley sea mala. Rápido vienen algunos a culpar a las leyes y, algunos de los que están culpando las leyes se tienen que mirar al espejo para ver su propia inacción sobre los temas importantes. Lo cierto es que han pasado tres gobernadores desde que se aprobó esta disposición en 2019 y no ha habido acción”, dijo Nieves, quien considera que sustituir la producción de AES, reevaluar los objetivos de energía renovable, de cara al incumplimiento con la meta de 40% dispuesto para el 2025, y aglutinar bajo una entidad los distintos programas energéticos del gobierno son los principales desafíos del nuevo cuatrienio.

Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico, enfatizó, por su parte, que debe repensarse la “narrativa” de que las fuentes renovables no pueden generar energía de forma tan confiable como los combustibles fósiles, señalando que las tecnologías de almacenamiento y las llamadas plantas virtuales, que permiten recurrir a las baterías de residencias y comercios para atender deficiencias sistémicas, pueden maximizar el provecho de la producción solar.

En la misma vista del jueves, el presidente del NEPR, Edison Avilés, pidió al gobierno entrante que, de legislarse algún cambio en las metas intermedia de energía renovable –de 40% para el 2025 y 60% para el 2040–, se haga temprano en el cuatrienio, de forma que pueda incorporarse a la revisión en curso del PIR.

“Hay que educar en cuanto a la falacia de que las fuentes renovables no son generación base (estable). Con baterías, las fuentes renovables son igual o mejor que la generación base fósil”, insistió Rúa Jovet, quien, como Nieves, sostuvo que la dilación en desarrollar los proyectos de energía renovable a gran escala ha perpetuado la dependencia de los combustibles fósiles.