Aun tras la resolución de la controversia judicial por la descalificación del empresario Giancarlo González Ascar, la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) desconoce cuándo podrá encaminar la selección del representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), puesto que el 20 de marzo cumplirá un año vacante.

Pese a la obligación que la ley le impone para dirigir el proceso de escoger a la persona que velará por los derechos de los abonados, el procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, sostuvo que no prevé tomar acción hasta que se garantice el presupuesto requerido para administrar la elección, trámite que sería necesario si más de un aspirante es cualificado para optar por el cargo. García Feliciano ha estimado que, a base de procesos previos, el costo de la elección –de la que participan los 1.5 millones de abonados de la red– ronda $1 millón.

Según García Feliciano, en principio, corresponde a la AEE identificar los fondos que garanticen la representación ciudadana en el organismo rector de la corporación pública.

“Del saque, como único podríamos iniciarlo sería que hubiese una asignación de fondos especial. Se supone que es la AEE que lo maneje económicamente, pero si yo saco una publicación (convocando a las nominaciones), como nos pasó, que nosotros la pagamos pensando que la AEE iba a responder, y no respondió, terminamos nosotros haciendo ese pago. En un presupuesto de $3.3 millones como el nuestro, no me puedo arriesgar a iniciar un trámite y que luego lo tenga que revertir porque no puedo cumplir con los términos o no tengo los recursos para cumplir con lo que estoy señalando”, planteó el también exalcalde de Camuy.

García Feliciano adelantó que este miércoles –en el marco de la reciente determinación del Tribunal Supremo que avaló la descalificación de González Ascar por carecer de la “pericia en asuntos de energía” que exige la ley– cursará una comunicación a la gobernadora Jenniffer González; los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez; el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Eduardo Soria; y la directora de la corporación pública, Mary Carmen Zapata, con miras a que se atiendan los reclamos que desde el año pasado ha hecho el Ombudsman.

Desde que comenzó la controversia por las cualificaciones de González Ascar –quien fue el único interesado en reemplazar al ingeniero Tomás Torres Placa–, García Feliciano pidió que se enmendara la ley orgánica de la AEE para que se aclararan los requisitos del cargo, se garantizara el presupuesto para administrar la elección y se considere ampliar de una a dos las sillas reservadas para la representación del interés público.

De otra parte, García Feliciano señaló que la ley exige que las boletas de la elección se envíen de manera física a los abonados, por lo que recomendó que se ausculte la posibilidad de recurrir a mecanismos digitales con miras a reducir los costos del proceso.

“La idea es, precisamente, que podamos reunirnos con el presidente del Senado (Rivera Schatz), el presidente de la Cámara (Méndez), o las personas que ellos designen; igualmente, en Fortaleza y de la Junta (de Gobierno) y la directora ejecutiva (de la AEE)”, dijo.

“Independientemente de que el Tribunal hubiese acogido el planteamiento del señor González Ascar, en algún momento, eventualmente, vamos a volver a tener ese proceso de votación, así que es importante atenderlo de cualquier manera”, agregó.

Según la ley orgánica de la AEE, el término del representante de los consumidores en la Junta de la AEE se extiende por cinco años. Durante la pasada década, el estatuto fue enmendado para que los clientes tuvieran tres representantes –dos del sector residencial y otro de los abonados comerciales e industriales–, cantidad que luego se bajó a dos y, finalmente, a uno.

García Feliciano ha estimado que, de ser necesaria una elección, la selección del representante de los clientes podría tomar de cinco a seis meses.