Aunque, por el momento, quedó en el tintero un posible aumento de emergencia en la factura de luz, el oficial examinador del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que atiende la disputa presupuestaria entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, y la aparente crisis de liquidez del sistema, expresó este viernes su profunda “preocupación” con las diferencias que marcan la relación entre las dos entidades y el efecto que pudiera tener sobre la calidad del servicio que se ofrece a los clientes.

Una “preaudiencia”, celebrada de forma virtual, se caracterizó por los intercambios entre el examinador Scott Hempling y la principal abogada de LUMA, Margarita Mercado Echegaray, sobre el ámbito del procedimiento investigativo y el nivel de acceso público que se brindaría a la información y testimonios que sometan las partes.

Asimismo, trascendieron diferencias entre las interpretaciones de Mercado Echegaray y los abogados de la AEE sobre las responsabilidades contenidas en el contrato de privatización, particularmente en lo referente a las peticiones para ajustar la llamada “tarifa permanente”, que es la porción fija de la factura que se destina a cubrir los gastos operacionales del consorcio encargado de mantener la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica.

“Será incómodo para todas las partes”, advirtió sobre el proceso Hempling, un abogado experto en regulación energética, como parte de un intercambio con Mercado Echegaray, quien insistía, en ese momento, en que la investigación no podría adentrarse en materia reservada para los procedimientos de disputas que dispone el contrato entre LUMA, la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

Según Hempling, si bien su función no contempla resolver disputas contractuales, el mandato del NEPR lo obliga a indagar sobre el desempeño de LUMA y la AEE, pues es la única forma de conocer si existe una crisis de liquidez y cuáles son las causas y posibles soluciones.

“No hay forma de llegar al fondo del asunto si no es hablando sobre el desempeño, que necesariamente está cubierto bajo el contrato”, dijo el oficial examinador.

Hempling sí accedió a una petición de Mercado Echegaray de recomendarle al NEPR abrir un nuevo expediente investigativo para atender la controversia, que hasta ahora forma parte del tracto en el que se revisa trimestralmente la tarifa para cubrir los gastos de compra de combustible y energía, peticiones que realiza LUMA a base de la información que le brinda Genera PR, encargada de la flota de generación.

En cambio, el oficial examinador adelantó, ante las objeciones de LUMA, que permitirá la participación de terceros, como la Oficina Independiente de Protección al Consumidor y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, siempre y cuando le ayuden a elaborar un “expediente completo” del problema presupuestario. Hempling aclaró que, aunque requeriría información bajo juramento, no se tratará de un procedimiento adjudicativo, donde se permite a las partes interventoras solicitar descubrimientos de prueba y contrainterrogatorios.

De momento, no quedó claro si el proceso bajo el nuevo expediente sería de acceso público. Al final de la vista, Hempling instruyó a las partes a reunirse y confeccionar un calendario procesal para el miércoles siguiente.

Hempling, quien tendrá que presentar un informe con recomendaciones al NEPR, increpó a los representantes de LUMA sobre si creen que el sistema eléctrico está experimentando una “crisis” o meramente un “problema” (“issue”) de liquidez.

Desde el inicio de la vista, Juan González, abogado de la AEE, reiteró que era urgente “definir” qué constituye una “crisis” de liquidez.

Luego de varios intercambios sin ofrecer una respuesta directa, Mercado Echegaray afirmó que, ante el supuesto subfinanciamiento de las cuentas de servicio de LUMA por parte de la AEE, el consorcio había “levantado bandera” porque estaba afectando las operaciones sin que la corporación pública les hubiera notificado de alguna acción para corregir la situación.

“Me acaba de decir que el ‘problema’ de liquidez está afectando las operaciones. Ahora sé que el NEPR está justificado al hacer esta investigación, porque parecería haber una inconsistencia entre tener un problema de liquidez, que tiene un efecto sobre las operaciones, y que no se haya solicitado un aumento tarifario temporero. Pero me podría equivocar, y por eso es que tenemos una investigación”, dijo Hempling.

En la vista, también se reflejaron aparentes discrepancias en torno a la facultad de pedir un ajuste tarifario de emergencia al NEPR. Mientras la AEE considera que, contractualmente, es responsabilidad “exclusiva” de LUMA, la empresa respondió que esa obligación solo recae sobre ella cuando está asociada al mantenimiento de la transmisión y distribución, pero que la AEE o Genera PR podrían hacerlo cuando se trata de un problema a nivel “sistémico”.

Aunque fue LUMA la parte que, en octubre, reclamó que la AEE no estaba cumpliendo con las transferencias de fondos suficientes, la corporación pública ha ripostado que la empresa ha sido ineficaz en el control de gastos y tampoco ha podido obtener los reembolsos federales por los trabajos realizados, lo que redunda en una carencia de efectivo para todo el sistema. En este último renglón, según la AEE, LUMA ha recibido reembolsos por alrededor de $550 millones, a pesar de haber gastado cerca del doble en proyectos federales.

“Cuando primero supe de las alianzas público privadas, en teoría, vislumbraba una relación feliz, de manos en el aire, baile y cervezas, con todo el mundo marchando en la misma dirección, de servir a la población”, expresó Hempling en tono irónico. “Estoy muy preocupado de ver que hay algo distinto aquí”.