En los pasados ocho años, los gastos en consultoría externa incurridos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y las entidades del gobierno –con cargo al bolsillo de los puertorriqueños– en servicios asociados a los distintos procesos de reestructuración financiera superaron, de forma acumulada, los $2,000 millones, una cifra seis veces mayor al estimado que la Oficina Congresional de Presupuesto (CBO, en inglés) desarrolló cuando se elaboraba la ley Promesa.

El monto ya adjudicado a las firmas de servicios legales o financieros reclutadas por la JSF, el gobierno central y sus corporaciones públicas, no obstante, está significativamente subestimado, pues solo se incluyen las reclamaciones ante el Tribunal Federal -que atiende los casos de reestructuración mediante el Título III- que habían sido presentadas hasta el primer trimestre de 2024, cuando se emitió la última autorización de pago, destacó la organización Espacios Abiertos en su más reciente análisis de los gastos vinculados a la quiebra.

El efecto de dicha subestimación, con toda probabilidad, se exacerba ante el acelerado ritmo de gastos que se evidenció en el segundo semestre de 2023, cuando se intensificó el litigio por la controversia entre la JSF y los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por los derechos sobre los ingresos de la corporación pública, cuyo futuro sigue siendo incierto.

“No sabemos (lo que depara el futuro). Es una de las partes que, quizás, la JSF podría responder. Pero es el mensaje que traemos. No hay transparencia, no hay seguimiento, no hay proyecciones, no hay un techo, fiscalización o información”, lamentó este miércoles el economista Daniel Santamaría Ots, director de Investigación de Espacios Abiertos, entidad que aboga por el acceso a la información pública.

“No hay manera de saber cuánto va a durar este proceso. La Junta no ha emitido, en ningún momento, una guía de qué esperaríamos ver de ese proceso y nos diga cuánto nos va a costar finalmente. En algunos momentos, en informes pasados, la Junta había dicho que el ‘cap’ (tope) de lo que nos va a costar el proceso eran $1,600 millones”, recalcó, por su parte, Wilmarí de Jesús, analista de política pública de la organización.

En declaraciones escritas, la JSF subrayó que la deuda de Puerto Rico llegó a ascender a $73,000 millones y que el país falló por, al menos, 16 años en lograr presupuestos balanceados.

“Los gastos incurridos en el proceso incluyen al Comité de Retirados, acreedores no asegurados y los resultantes de litigios iniciados por acreedores y el gobierno. Las compensaciones han ido muy acorde a otras bancarrotas del sector público, como (la ciudad de) Detroit, pero, en última instancia, son apenas una fracción de los ahorros logrados por la Junta de Supervisión a través de la eliminación de miles de millones de dólares de deuda asegurada”, esbozó el organismo.

Según el informe presentado este miércoles, el costo de los servicios de consultoría sumaba, al menos, $2,021 millones, que, a su vez, se subdividen en $1,702 millones para asesoría directa sobre los casos de reestructuración y avalados por el Tribunal Federal, $308 millones para contrataciones asociadas a otros procesos –como la elaboración de presupuestos y planes fiscales– y poco más de $11 millones para Brady Williamson, el oficial examinador que evalúa los pagos reclamados bajo el Título III y emite recomendaciones a la jueza Laura Taylor Swain.

Santamaría Ots recordó que, en 2016, la CBO había estimado que los costos administrativos de las distintas quiebras se mantendrían en torno a los $370 millones, una cifra que se superó para 2019.

De Jesús puntualizó que el cálculo obvia, por ahora, los gastos de Título III en los últimos tres trimestres de 2024, en los que continuaron las negociaciones y litigios por la deuda de la AEE. El martes en la noche, precisamente, la JSF publicó la versión actualizada del plan fiscal de la corporación pública, que sentará las bases para las próximas rondas de discusiones.

En junio de 2023, cuando Espacios Abiertos publicó su análisis anterior de los gastos de la JSF, los servicios de consultoría rondaban los $1,500 millones, por lo que, desde entonces, ha habido un aumento de $520 millones, o una diferencia de casi un 35%.

Uno de los renglones principales de gastos adicionales en el último año y medio fue, justamente, el asociado a la quiebra de la AEE. Mientras que, a junio de 2023, se habían consignado gastos por $181 millones, a finales de 2024 el total superaba los $438 millones, es decir, que se había multiplicado por un factor de 2.4.

“Ya se mueve al segundo pleito (por detrás de la reestructuración del gobierno central) que más dinero nos está costando en este proceso, y sabemos lo que falta de gestionar, así que, definitivamente, es un pleito que vamos a ver que está en proceso de crecimiento”, anticipó De Jesús.

Puntualizó que, por regla general, los gastos de Título III se sufragan a través del gobierno central, incluso cuando atienden reestructuraciones de corporaciones públicas, como en el caso de la AEE.

Desde junio de 2023, sobresalen los niveles de facturación de Ankura Consulting Group, contratista de la AEE, que en ese período ha cobrado $138 millones, de un total de $181 millones, a lo largo del proceso de Título III; y Proskauer Rose, principal bufete de la JSF, con $131 millones, de $355 millones en total. En el mismo tiempo, también se dispararon las compensaciones de PJT Partners, con un aumento de 100%, CITI Group Global Markets (58%) y Ernst & Young (34%).

Santamaría Ots censuró que, pese al monumental nivel de gasto incurrido para atender las finanzas gubernamentales, no se perciba mayor fiscalización desde el Congreso o el gobierno electo en Puerto Rico, al tiempo que la propia JSF no parece operar con el grado de control presupuestario o transparencia que exige a las autoridades locales.

“Creo que el gobierno no está aprendiendo en el proceso. Espacios Abiertos trató, hace más de un año, de tener acceso a la información y análisis que sustentan (sus proyecciones), y la Junta dijo de manera taxativa que no lo va a compartir. Me consta que no hay una transferencia de conocimiento al gobierno de Puerto Rico y, lamentablemente, Puerto Rico siempre se verá sometido a recurrir a estos consultores para tomar decisiones de este tipo”, subrayó.