En los pasados ocho años, los gastos en consultoría externa incurridos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y las entidades del gobierno –con cargo al bolsillo de los puertorriqueños– en servicios asociados a los distintos procesos de reestructuración financiera superaron, de forma acumulada, los $2,000 millones, una cifra seis veces mayor al estimado que la Oficina Congresional de Presupuesto (CBO, en inglés) desarrolló cuando se elaboraba la ley Promesa.