La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) informó que el proceso de limpieza en los terrenos de la antigua Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO), en Bayamón, se encuentra “en las últimas etapas”.

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La contaminación es producto de una explosión masiva que, en 2009, destruyó 17 de 48 tanques de almacenaje de gasolina en dicha instalación, así como de décadas de impacto ambiental en la misma propiedad donde operó por décadas una planta de procesamiento de petróleo hasta que cerró en hace más de 20 años.

Con relación al impacto ambiental, la Junta de Seguridad Química (CSB, por sus siglas en inglés) indicó, en el informe oficial, sobre la explosión que se “encontraron animales silvestres muertos y especies acuáticas y aviares, incluidas varias especies legalmente protegidas, cubiertas de petróleo”.

“El incidente de Capeco liberó miles de galones de petróleo, espuma contra incendios y escorrentía contaminada al arroyo Malaria, que atraviesa la comunidad de Puente Blanco hasta la Bahía de San Juan”, detalla el documento.

La explosión, en la madrugada del 23 de octubre de 2009, ocurrió luego de que uno de los tanques se sobrellenara durante el proceso de transferencia desde una barcaza de combustible y se desbordaran aproximadamente 200,000 galones de gasolina.

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Al final, el caso implicó el desperdicio de unos 30 millones de galones de combustible, incluyendo los que se quemaron y los que se derramaron a lo largo de los dos días y medio que duró el incendio, indicó Ariel Iglesias, director de la División de Tierra, Químicos y Redesarrollo de la Región 2 de la EPA.

Mientras, de acuerdo con Chris Jiménez, de la División de Respuesta y Prevención de la EPA, en el 2013 removieron los últimos remanentes de asbesto que encontraron en la instalación, mientras que en el 2018 sacaron el último combustible asociado con el caso.

“Todo tardó un total de nueve años”, comentó Jiménez.

Según David Huertas, supervisor de Conservación y Revitalización para la EPA, mucho terreno contaminado desde la época en que Capeco era una petroquímica en el siglo pasado, fue removido durante la remodelación y construcción de los nuevos terminales de PUMA.

“Lo que queda es alguna contaminación de agua subterránea, pero son mayormente contaminantes disueltos, derivados del petróleo, que están dentro de las instalaciones y no sale de ahí”, dijo Huertas.

“Eso se ha estado monitoreando y estamos entrando en la fase en la que ellos proponen los que se llama monitor natural attenuation. Es básicamente para obtener datos para determinar si los contaminantes que quedan en el agua subterránea se están atenuando. Eso es lo que sucede en las últimas etapas de la limpieza. Ellos harán eso comenzando este año y por los próximos cinco años para ver si está ocurriendo”, afirmó. “Si no está pasando, se considerará una mitigación más activa”.

José Rivera, director del equipo de la EPA en el Caribe encargado de implementar la Ley federal de Agua Limpia, recordó que, en aquel momento, la carrera contra el reloj se agravó debido a que no pudieron entrar hasta dos días después a la escena, después de que los investigadores federales descartaron que la explosión se trató de un acto de terrorismo o de mano criminal.

“Los esfuerzos en ese momento se concentraron en evitar la migración (de los contaminantes)”, expuso.

Los entrevistados resaltaron que los esfuerzos de extinción -que tomó más de 60 horas- y los fuertes aguaceros que habían pronosticado para días después de la explosión levantaron la alarma de que el impacto ecológico podía agravarse con agua contaminada por la espuma de los bomberos y la gasolina llegando en grandes cantidades a los cuerpos de agua cercanos y hasta la bahía de San Juan.

Para evitar una desgracia mayor, fue clave la construcción de una especie de represa de 12 pies de alto para contener el agua que salía de la instalación mientras trabajaban los bomberos.

De esa forma, la espuma y sus químicos se quedaban flotando en la superficie, mientras que, para evitar que se desbordara, usaron tuberías que extraían el agua desde el fondo de la represa. Así sacaron por lo menos un millón de galones de agua contaminada que no fue a parar cuerpos de agua.

Asimismo, los entrevistados explicaron que se logró disponer de ese líquido contaminado estableciendo un impresionante operativo de camiones cisternas, de distintos municipios, que se alinearon a lo largo decenas de millas por el expreso PR-22, para llevarla a disponer en una planta de tratamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con permiso de la EPA.

Nadie falleció de forma directa a causa del estallido, que sí causó daños a sobre 300 estructuras y decenas de millones de dólares en pérdidas.

No obstante, varios de los entrevistados para esta serie de reportajes coinciden en que la situación también pudo ser mucho peor por otra razón: la gigantesca columna de humo que resultó del incidente y que ascendió a 20,000 pies de altura.

A pesar del escenario, los entrevistados consideran que el país tuvo la suerte de que la espesa humareda, que causó que se alterara el tráfico aéreo sobre Puerto Rico por varios días, se inclinó hacia el mar y no hacia el interior. Reportes de la época indican que, si el viento hubiera soplado en la dirección que usualmente toma para octubre en esa región, la columna se podía haber movido directamente hacia comunidades aledañas.

Aunque, de manera preventiva, se movieron unos 3,000 confinados de la cárcel de Bayamón, si el humo hubiera tenido otra dirección, podría haber causado una emergencia de salud masiva que habría requerido el desalojo de sobre 30,000 personas de sus hogares.

“Era un poco extraño para esos días. Los vientos cambiaron a ser del sur y leves, y con la columna que hay allí de mogotes, etcétera... honestamente se alinearon los planetas para que esa columna de humo no se recostara sobre el área de Levittwon”, contó el licenciado Pedro Nieves, quien en aquel momento fue presidente de la Junta de Calidad Ambiental (JCA)

“Eran condiciones atípicas”, agregó. “Eso fue una bendición dentro de las circunstancias”.

Al moverse hacia el mar, solo fue necesario observar la calidad del aire a través de monitores inalámbricos de la JCA, que fueron instalados en múltiples comunidades, comenzando por las más cercanas, en Puente Blanco.

Líderes de esa comunidad alegan que tras la explosión se agravó la calidad al aire y le atribuyen problemas de salud, como enfermedades respiratoria entre los residentes. De igual forma, han denunciado que frecuentemente perciben olores que les activan las preocupaciones que sintieron ese día. De hecho, aseguraron que, tan reciente como hace algunas semanas, notaban olores a gas.

Sin embargo, Iglesias señaló que, durante el tiempo que estuvieron allí, monitorearon la calidad del aire y “no detectamos excedentes en áreas donde estaban las residencias y las personas. Hicimos monitoreo en la comunidad con equipos móviles”.

“Si hubiéramos visto alguna data que sugiriera que la comunidad estaba en riesgo, hubiéramos informado a las autoridades locales. No hay data que hubiera algún excedente, según recuerdo”, dijo Iglesias.

Por su parte, Brenda Reyes, directora de comunicaciones de la EPA en Puerto Rico, recordó que uno de esos equipos se instaló por un tiempo en el techo del Centro Comunitario.

Con relación a los olores recientes que han notado los residentes de la zona, Reyes recordó que un contexto importante con relación a las comunidades del área en Cataño es que están rodeadas de múltiples “instalaciones durante años”, como Molinos y Palo Seco, “y a veces nos han llamados sobre olores”.

“Nos reunimos con ellos y tenemos comunicación constante con los líderes de la comunidad, especialmente desde ese incidente (en Capeco)”, comentó.

De acuerdo con Carmen Guerrero, directora de la Oficina de la EPA en Puerto Rico, la agencia no tiene “un estudio que pueda respaldar esas declaraciones” sobre casos de salud. “Eso requeriría análisis especiales de otras agencias, como el Departamento de Salud”.

“Pero el contexto es importante. Se trata de un área industrial con múltiples productos” derivados del petróleo y gas, apuntó Guerrero. “Es una combinación de muchas facilidades que producen contaminación y, obviamente, estamos proveyendo supervisión con el gobierno local. Pero, definitivamente, la comunidad está localizada en un área donde hay mucha actividad industrial”, sostuvo.