Aunque el Servicio de Parques Nacionales (NPS, en inglés) suspendió temporalmente la remoción de los gatos que viven en el Paseo del Morro mientras se dilucida una demanda que impugna la legalidad del plan, los procesos de licitación de contratistas o la preparación para una futura retirada de los felinos de la vereda podrían seguir en curso.

El acuerdo al que el NPS llegó se dio luego que la organización estadounidense Alley Cat Allies presentara, en agosto, una moción para que se detuviera el plan, al tiempo que la dependencia federal ya había iniciado un trámite para recibir cotizaciones por los servicios.

“Es una victoria a corto plazo para los gatos. Les hemos garantizado a los gatos otros seis o siete meses, como mínimo. Obviamente, queremos ir más allá, queremos asegurarnos de que la remoción nunca se produzca, y vamos a seguir luchando para asegurarnos de que la remoción nunca se produzca”, dijo este martes Yonatan Aronoff, abogado de la entidad, a El Nuevo Día.

El NPS optó por limitar el acuerdo de suspensión temporal hasta el 14 de marzo de 2025, para cuando se espera que ya haya una determinación del Tribunal Federal en Washington, D.C. De no haber un fallo para entonces y el NPS autoriza la remoción, debe alertar tanto a la corte como a Alley Cat Allies con, al menos, 30 días de anticipación.

El 27 de marzo, Alley Cat Allies demandó al NPS por el plan de remoción. En el recurso –de 30 páginas–, la entidad alega que la dependencia federal violó la “National Environmental Policy Act” (NEPA) porque la evaluación ambiental que utilizó para sustentar el plan “no ha realizado estudios específicos del lugar para determinar el impacto de los gatos en el Paseo o el impacto del plan en vigor para gestionarlos”.

El NPS publicó, a principios de agosto, una convocatoria para que organizaciones de bienestar animal sometieran cotizaciones para realizar la remoción de los gatos –principalmente ferales– que habitan la vereda que bordea el Castillo San Felipe del Morro. El plan de acción, que da a las entidades seis meses para remover unos 200 felinos de manera humanitaria, se aprobó, a finales de 2023 y, según la convocatoria, comenzaría a ejecutarse en 2024.

“Los demandados no declaran que no seguirán adelante con sus procesos de contratación ni emprenderán otros procesos administrativos en preparación para la futura remoción de gatos”, reza el acuerdo, que detalla que avisarán a los demandantes si se otorga un contrato que aborde el plan de remoción.

El Nuevo Día solicitó una reacción al NPS en San Juan, pero no hubo respuesta de inmediato.

En el acuerdo, las partes también suscribieron varias fechas determinantes para el caso. La próxima es en octubre, cuando Alley Cat Allies solicitará al tribunal que dicte una sentencia sumaria sobre la ilegalidad del plan, en virtud de la NEPA. Luego, el NPS debe responder. Para principios de enero, el caso debe estar sometido, con la expectativa de que el tribunal señale una vista para discutir lo expuesto por las partes. El fallo judicial se emitiría en el primer trimestre de 2025.

“Queremos detener el plan porque creemos que es ilegal, creemos que es cruel y creemos que no tiene sentido; incluso, si no fuera ilegal y cruel, no funcionaría. Creemos que tenemos un caso muy sólido y esperamos presentarnos ante el tribunal explicando todas las razones por las que creemos que deberíamos ganar, que es lo que estamos haciendo en el escrito que presentaremos en octubre”, sostuvo Aronoff.

La organización Save a Gato, que hace 20 años ha cuidado, esterilizado y alimentado a los felinos, ha expresado que el plan refleja desconocimiento respecto al trabajo con gatos ferales, y que el tiempo establecido para la remoción no es suficiente. Asimismo, ha alertado que el plan no representa una alternativa sostenible por el efecto vacío.

En tanto, el abogado de Alley Cat Allies instó a que las personas verbalicen su oposición al plan de remoción, contactando a funcionarios locales y federales.

“Todavía hay tiempo para que el NPS cambie de rumbo, haga lo correcto y abandone este plan en favor del programa TNR (atrapar-esterilizar-soltar) que se ha estado ejecutando durante años y ha tenido éxito. Por lo tanto, animamos al público a desempeñar su papel y a hacer oír su voz también”, expresó el letrado.

El Nuevo Día cuestionó si esto sería efectivo, tomando en cuenta que la ciudadanía expresó su parecer del plan en reuniones públicas y miles de comentarios sobre la propuesta del NPS.

“Los comentarios son buenos y saludables, pero lo que realmente necesitamos es que los funcionarios electos locales hablen sobre su oposición, algo que realmente no hemos visto. Creo que, si hacen eso, entonces, el gobierno federal sería más receptivo”, contestó Aronoff.

El plan de remoción ha sido controversial desde el inicio, pues tanto las organizaciones de bienestar animal como los residentes del Viejo San Juan se han opuesto, y así lo hicieron saber en el proceso de discusión pública, que comenzó en 2022.

“Estos gatos todavía están en riesgo. Esto solo les da algo de tiempo, pero queremos salvarlos permanentemente, por lo que el público debe ser diligente, prestar atención al caso y seguir hablando”, señaló Aronoff.