Un panel de cuatro jueces asociados del Tribunal Supremo rechazó atender el recurso del empresario y programador Giancarlo González Ascar que buscaba revertir las determinaciones de la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y el Tribunal de Apelaciones, que concluyeron que no cuenta con la pericia requerida para representar a los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La determinación de “no ha lugar” del máximo foro contó con el disenso del juez asociado Ángel Colón Pérez, quien consignó que, “por considerar que el señor Giancarlo González Ascar cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos, incluyendo el de pericia, que se requiere para desempeñarse como representante del interés del cliente en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, hubiésemos expedido el presente caso para revocar tanto la determinación tomada por el Tribunal de Apelaciones, como la emitida por la Oficina del Procurador del Çiudadano”.

El panel, que emitió su resolución el pasado 1 de noviembre, fue presidido por el juez asociado Rafael Martínez Torres, acompañado de los jueces asociados Colón Pérez, Erick Kolthoff Caraballo y Roberto Feliberti Cintrón.

Tras el dictamen del Supremo –del que González Ascar todavía podría pedir hasta dos reconsideraciones–, correspondería al Ombudsman, dirigido por Edwin García Feliciano, abrir una nueva convocatoria para el puesto de representante de los clientes en el organismo rector de la AEE, vacante desde marzo, cuando expiró el término de cinco años del ingeniero Tomás Torres Placa.

Como García Feliciano ha expresado anteriormente, de haber más de un candidato cualificado y requerirse una elección entre los abonados, el proceso podría costar sobre $1 millón –que el Ombudsman no tiene presupuestados– y extenderse entre cinco y seis meses.

En el pasado proceso, González Ascar, quien fungió como principal oficial de Informática del gobierno de Alejandro García Padilla, entre 2013 y 2015, fue el único interesado. Sin embargo, en febrero, el Ombudsman determinó que incumplía con el requisito de pericia en asuntos energéticos, y en verano el Tribunal de Apelaciones sostuvo la decisión.

A lo largo del trámite administrativo y judicial, los representantes legales de González Ascar han insistido que la ley orgánica de la AEE no define con precisión el concepto de “pericia” y que su cliente, como profesional de la programación, ha desarrollado mecanismos para promover la transparencia en los datos de la red eléctrica, incluyendo sobre las incidencias de interrupciones de servicio.