Mediante una resolución que fue controvertida fuertemente por el juez asociado Luis Estrella Martínez, el Tribunal Supremo puso punto final a la saga de la aspiración del programador Giancarlo González Ascar al cargo de representante de los clientes en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), silla que ha estado vacante hace casi un año.

Con el voto disidente de tres jueces, el máximo foro resolvió el último recurso de reconsideración de González Ascar, quien, en 2023, fue la única persona que sometió la documentación dirigida a reemplazar al ingeniero Tomás Torres Placa como representante del interés público en el organismo rector de la AEE.

González Ascar fue descalificado inicialmente por la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) debido a su presunta falta de “pericia en asuntos de energía”, dictamen que fue sostenido en los foros judiciales.

Torres Placa cumplió su término de cinco años el 20 de marzo de 2024.

“Al igual que la Comisión de Nominaciones sobre las Elecciones del Representante del Interés de los Clientes a la Junta de Gobierno de la AEE, yo tampoco dudo del deseo del peticionario González Ascar de servir en bien del pueblo de Puerto Rico. Lo que sucede es que tampoco tengo dudas de que el peticionario González Ascar no tiene la experiencia en asuntos energéticos que la ley exige. Ser experto en computadoras no es lo mismo que ser perito en asuntos relacionados con la energía, como exige la ley vigente”, consignó el juez asociado Rafael Martínez Torres, en unas expresiones que sus homólogos Mildred Pabón Charneco, Camille Rivera Pérez y Raúl Candelario López suscribieron, como parte de la resolución con fecha del 28 de febrero.

La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y los asociados Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez conformaron la disidencia en la resolución a la solicitud de reconsideración de González Ascar, quien fue el principal oficial de Informática de la administración de Alejandro García Padilla entre 2013 y 2015.

“Al sostenerse la determinación del Ombudsman, se produce la paradójica e irrazonable consecuencia de que, al representante del Pueblo, se le están exigiendo mayores credenciales que al presidente de LUMA e, incluso, que al propio director de la AEE. Por lo tanto, me veo obligado a fundamentar y hacer constar que hubiera expedido el recurso ante nuestra consideración y revocado la decisión del Ombudsman. Por ello no ocurrir de esta forma, respetuosamente disiento”, escribió Estrella Martínez, en un voto disidente al que Oronoz Rodríguez y Colón Pérez se unieron.

Según Estrella Martínez, la interpretación del Ombudsman sobre el concepto de “pericia en asuntos de energía” es “irrazonable” a la luz del tracto legislativo y las funciones del cargo de representante de los clientes.

El juez asociado puntualizó que el “propósito principal” de la representación de los consumidores “no es la operación de maquinarias sofisticadas ni la aplicación de conocimientos técnicos sobre energía en el terreno, sino la fiscalización y la defensa de la representatividad e intereses del consumidor en las agencias que prestan servicios energéticos a la ciudadanía”.

Además de la incertidumbre por la controversia judicial que comenzó en febrero de 2024, el procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, ha señalado las limitaciones presupuestarias como uno de los motivos que han impedido la selección de un nuevo representante de los consumidores. El funcionario ha solicitado sin éxito a la Legislatura, desde el año pasado, que enmiende la ley orgánica de la AEE para que, de un lado, aclare los requisitos para el cargo y, de otro, consigne la fuente de fondos para sufragar la elección, cuyo costo podría ascender a $1 millón si se certifica a más de un aspirante.