Si Puerto Rico no encuentra la forma de optimizar la reconstrucción de su sistema eléctrico en el corto plazo, no solo corre el riesgo de que los proyectos financiados con fondos federales se dilaten, sino que permanecería amarrado por largo tiempo a los combustibles fósiles de los que actualmente depende su flota generatriz y se enfrentaría a un escenario de “deserción” de clientes de la red central que provocaría aumentos dramáticos en las tarifas dentro de los próximos cinco años, concluyó el Centro para una Nueva Economía (CNE) en su más reciente publicación.

“Parte del problema es, precisamente, que cada entidad se está enfocando en un área limitada del problema y no hay ninguna agencia ni entidad, ahora mismo, que esté mirando la interconexión entre todos estos proyectos. Cuando hablamos de la reconstrucción o trasformación del sistema, son cuatro o cinco proyectos que están corriendo simultáneamente”, dijo el director de Análisis de Política Pública del grupo de estudio, Sergio Marxuach, en referencia a las obras de reparación del tendido eléctrico, la transición a las fuentes renovables y la decisión de privatizar las operaciones a través de los contratos de LUMA Energy y Genera PR, sin que hasta el momento se hayan producido los resultados esperados.

En teoría, dijo Marxuach, la visión panorámica de la reconstrucción corresponde, en el ámbito estatal, al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), y al Departamento de Energía (DOE, en inglés), en el federal, pero hasta el momento ninguna de las dependencias ha logrado ejercer efectivamente ese rol.

Desde hace unos años, el CNE ha propuesto la creación de un “task force”, compuesto por las agencias federales y estatales involucradas en la modernización de la red, que se encargue de armonizar las distintas visiones y procesos que, bajo el esquema actual, chocan e impiden el avance necesario.

“Están corriendo por carriles separados. En teoría, se supone que eso (la dirección del NEPR y el DOE) esté pasando, pero tienes al NEPR acá llevando a cabo unos procesos, y al DOE allá llevando a cabo otros procesos, y no hay mucha comunicación entre ambos, al menos, de lo que hemos visto. En relación a los contratos de LUMA y Genera, también hemos visto que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas parece haber tomado una actitud de manos afuera”, comentó el economista.

Según publicaciones anteriores del CNE, hasta 14 entidades estatales y federales intervienen de una forma u otra en el sistema eléctrico, desde la asignación de fondos hasta la aprobación de proyectos y administración de la red.

Marxuach recordó que, en 2012, la administración de Barack Obama creó un “task force” para agilizar los trabajos de reconstrucción tras la devastación causada por el huracán Sandy en Nueva York y Nueva Jersey, dos jurisdicciones no acostumbradas a lidiar con ciclones tropicales.

“Se creó este foro por orden ejecutiva, para coordinar de manera efectiva, el trabajo, cuál es el progreso, dónde están esos escollos, dónde están los obstáculos y qué puede hacer una agencia para ayudar a otra. Eso no lo hemos visto en Puerto Rico”, señaló, agregando que la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia tampoco ha podido ejercer ese rol coordinador de forma eficaz.

El mes pasado, El Nuevo Día reseñó que, en el marco de la reconstrucción eléctrica a siete años del huracán María, solo se había desembolsado el 11.7% de los fondos asignados por el gobierno federal, mientras se anticipa que la modernización se extienda, por lo menos, hasta 2032. El lento ritmo de la reconstrucción fue uno de los temas abordados en la audiencia que celebró, el 26 de septiembre, el Subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares del Congreso federal.

En el boletín “Armando el rompecabezas energético”, publicado este jueves, el CNE subrayó la relación entre la estabilización a corto plazo de la red de transmisión y distribución con los objetivos de transformar la flota de generación, una transición que está en pañales, considerando que cerca del 5% de la energía proviene de fuentes limpias, en contraste con el objetivo provisional de 40% para 2025.

Desde la aprobación del Plan Integrado de Recursos, en 2020, aún no se ha podido ejecutar ningún proyecto nuevo de energía solar a gran escala, y los dos “tramos” de compra supervisados por el NEPR han quedado por debajo de los objetivos de capacidad de generación limpia establecidos. El NEPR, luego de un segundo tramo en el que apenas aprobó contratos que agregarían 60 megavatios (MW) de energía solar y otros 60 MW de almacenamiento en baterías –frente a la meta de 500 MW de energía y 250 MW de almacenamiento– alegó que los costos ofrecidos por los proponentes privados excedían los parámetros adecuados.

Este escenario, de acuerdo con el boletín del CNE, hace “probable” que aumente la dependencia de combustibles como el gas natural y que, para 2028, “las tarifas promedio superen los 35 centavos por kilovatio hora”, un efecto exacerbado por la continua migración de clientes a sistemas propios de energía.

“La combinación de estos factores crea una cadena de retrasos en la transición a una generación 100% renovable, seguida de esfuerzos fallidos y costosos para ponerse al día, seguidos de más retrasos y más gasto en esfuerzos fallidos para ponerse al día”, indica la publicación.

Para Marxuach, urge que se busquen alternativas para financiar y reducir los costos de los proyectos de energía limpia a escala industrial. El año pasado, la Oficina del Programa de Préstamos del DOE dijo a El Nuevo Día que no preveía garantizar los préstamos a proponentes de estos proyectos más allá de la primera ronda, sino que correspondería a la banca privada.

El problema de financiamiento podría, a su vez, reflejarse en la red de transmisión y distribución, toda vez que se estima que hay una brecha de cerca de $6,000 millones entre las necesidades del sistema y los fondos asignados. Si bien el DOE anticipó que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda acceder a los mercados de capital para 2028, Marxuach considera que se trata de una proyección en exceso “optimista”, ante los retrasos de la reestructuración financiera.

Ante ese escenario, el economista recomendó auscultar las posibilidades de recibir fondos asignados a cooperativas eléctricas, que en Estados Unidos se agrupan bajo la National Rural Electric Cooperative Association.

“Hay entidades que se dedican a desarrollar estos proyectos, que se pueden estructurar como cooperativas, lo que también tendría un costo de capital más bajo”, subrayó.