La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico afirmó este lunes estar lista para buscar que se declare inconstitucional, en los tribunales, la nueva Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico, según su presidente, Pedro Julio Serrano, desde “el primer momento en que se viole el derecho a no ser discriminado en este país”.

“Que lo sepa la gobernadora, que lo sepa la Legislatura, que lo sepa el pueblo de Puerto Rico: iremos a los tribunales. Pero no nos quedaremos ahí. Vamos a la calle”, señaló Serrano, durante una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en la que declararon a la mandataria “enemiga de la equidad”, a pesar de que durante la campaña la calificaron como aliada de las comunidades LGBTQ+.

Serrano y otros miembros de la Federación cuestionaron la palabra de la gobernadora Jenniffer González, quien –aseguraron– en una reunión con representantes del colectivo, que incluyó al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, el pasado martes, indicó que evaluaría alternativas sobre posibles enmiendas al proyecto de ley de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, antes de firmarlo.

“Sin embargo, en el día de ayer (domingo), me llamó el secretario de la Gobernación para indicarme que la gobernadora firmaría el proyecto”, aseveró Serrano.

Al momento de esta publicación, La Fortaleza no había respondido a una petición de comentarios. La noche del domingo, se informó que la primera ejecutiva estaría “fuera de la isla por compromisos personales” hasta el lunes, 21 de abril, como parte del receso de Semana Santa.

A juicio de la directora de la Federación LGBTQ+, Ivana Fred Millán, el nuevo estatuto legaliza la discriminación, al permitir que empleados públicos y profesiones reguladas por el Estado se nieguen a atender ciudadanos con “la excusa de su libertad religiosa”.

Aunque la ley establece que los empleados del sector público deben buscar acomodos razonables previo a situaciones conflictivas para evitar que ciudadanos sufran trato discriminatorio durante la búsqueda de servicios públicos, “el hecho de que se dé un acomodo razonable es la aclaración de que hubo un discrimen”, según Serrano.

El colectivo, que agrupa a individuos y a más de 100 entidades comunitarias y aliadas, además, considera que la legislación es innecesaria por entender que la libertad religiosa es un derecho constitucional.

“Este proyecto no es para proteger su libertad religiosa. Ellos saben que lo que ellos han pedido por años es la licencia para discriminar, y la consiguieron”, puntualizó Serrano, en referencia a los legisladores que favorecieron la ley.

De paso, convocó a una manifestación el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en el lado norte del Capitolio a partir de las 3:00 p.m.

“Queremos (hacer) constar dónde está el foco del discrimen en este país. El foco de la exclusión está en la Legislatura. El foco del discrimen está en La Fortaleza”, aseveró.

Los defensores de la ahora ley han argumentado que tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental que cobija a todo ciudadano en diversos contextos, incluyendo a empleados de las tres ramas de gobierno, y establece remedios legales para aquellas personas que entiendan se les ha coartado esa garantía.

Asimismo, han dicho que, con el nuevo estatuto, se reconoce el derecho de los padres y madres, en el caso de una epidemia, “a negarse a que sus hijos sean vacunados” y “que el Estado no puede imponer multas o penas de cárcel a los padres que, por sus creencias religiosas, no quieran inmunizar a sus hijos”.