Los consumidores podrían estar sujetos a cuatro regímenes de facturación distintos entre principios de 2025 y 2026, según el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) revisa, en primer lugar, los requisitos de ingresos del sistema eléctrico y, posteriormente, el diseño de la tarifa aplicable a las diversas clases de clientes, mientras lidia con la aparente crisis de liquidez que mantiene enfrentados a LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El oficial examinador Scott Hempling, encargado de administrar el procedimiento tarifario, explicó en una vista técnica este viernes que, temprano el año entrante, el NEPR podría dar paso a una “tarifa de emergencia” que atienda a corto plazo la deficiencia de efectivo que ha reclamado LUMA para sus operaciones ordinarias. El operador privado y la AEE se han responsabilizado mutuamente de esa crisis, con LUMA alegando que no ha recibido las transferencias presupuestarias ordenadas por su contrato, y la corporación pública señalando que la empresa ha sido ineficaz en generar los ingresos necesarios para cubrir sus gastos.

Posteriormente, el 1 de julio de 2025 –coincidiendo con la entrada en vigor del próximo presupuesto–, comenzaría a aplicar una “tarifa provisional”, basada en la petición de revisión que LUMA someta en función de los requerimientos de ingresos que se determinen de forma preliminar.

Esa tarifa provisional, sin embargo, se modificaría –incluyendo un ajuste retroactivo al 1 de julio–, a finales de 2025, cuando Hempling espera que el NEPR llegue a una conclusión sobre cuáles serán las necesidades presupuestarias del sistema eléctrico para los años fiscales 2026, 2027 y 2028. En ese momento, sin embargo, aún estaría en trámite la revisión del “diseño” de la tarifa, que determina la distribución de los ingresos provenientes de los abonados residenciales, comerciales e industriales, así como sus respectivas subclases, por lo que no sería hasta 2026 que el procedimiento llegaría a su final.

“Esa será la ‘tarifa número cuatro’, para algún momento del 2026, cuando completemos el procedimiento del diseño de la tarifa. Ese sería mi pronóstico razonable y práctico de lo que ocurrirá”, subrayó Hempling en respuesta a un planteamiento del principal oficial regulatorio de LUMA, Mario Hurtado, durante la vista virtual.

Hempling, al presente, también dirige la investigación confidencial que podría resultar en la aplicación de un cargo de emergencia en las próximas semanas para solventar la supuesta crisis de liquidez. Paralelamente, el NEPR tiene ante sí una petición de LUMA para incrementar la tarifa en 2.3 centavos por kilovatio hora a partir de enero, para propósitos de recuperar los costos de combustible incurridos entre junio y noviembre de este año, como parte de los ajustes trimestrales atados a ese componente.

En la vista, Hempling adelantó que, en febrero de 2025, LUMA deberá entregar la información preliminar de los ingresos que anticipa que sean necesarios para administrar todos los componentes del sistema eléctrico de los años fiscales 2026 a 2028, documentación que, entonces, estará sujeta a comentarios públicos y a las subsiguientes réplicas del consorcio. Tras recibirse las réplicas, iniciaría el proceso de 180 días que incluiría vistas públicas evidenciarias para dar paso, inicialmente, a la tarifa provisional.

A mediados de 2025, en tanto, comenzaría un trámite separado –también de 180 días– para abordar el diseño de la tarifa permanente, es decir, definir la nueva distribución de costos entre los clientes.

El abogado Rolando Emmanuelli, en representación del Sistema de Retiro de la AEE, cuestionó a Hempling cómo se atenderá el financiamiento de las pensiones de la corporación pública, una de las interrogantes sujetas al desarrollo del caso de Título III bajo la ley Promesa, que al presente está en el aire ante el reportado “impasse” entre los acreedores y la Junta de Supervisión Fiscal.

Hempling respondió que el tema de los jubilados puede separarse en dos “canastas”: la de la deuda de pensiones que está bajo la jurisdicción del Tribunal Federal en el caso de Título III y las obligaciones “prospectivas” que, a su juicio, deben abordarse en el procedimiento tarifario como parte de los gastos ordinarios del sistema eléctrico.

“Sobre el Título III, entiendo que no hay mucho que podamos hacer en este caso tarifario”, dijo el abogado experto en temas de regulación energética, quien también lideró la última revisión tarifaria del NEPR, que concluyó en 2017.

Más temprano este mes, el NEPR retomó el proceso de revisión tarifaria, que había puesto en pausa en abril pasado, a la espera del desenlace de la reestructuración financiera de la AEE. Según la Ley 57-2014, el NEPR debe completar una revisión tarifaria cada tres años.

Aunque se desconoce cuándo se resolverá la controversia por las acreencias de la AEE, se anticipa que, eventualmente, el proceso judicial redunde en un aumento tarifario para cubrir el costo de las obligaciones reestructuradas.

Ante un señalamiento cerca del final de la vista de la abogada principal de LUMA, Margarita Mercado, sobre la ausencia de una reglamentación que defina los requerimientos para someter una petición de revisión tarifaria –más allá de una mera orden del NEPR–, Hempling le pidió lograr un “acuerdo” con Genera PR y la AEE. “De lo contrario, tendremos un problema serio”, sostuvo el oficial examinador.