Vecinos de varios complejos de vivienda pública denunciaron este martes un alza “desmedida” en la factura de agua, impuesta por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en supuesta violación a la Ley 22 de 2016, que establece una tarifa fija mensual para clientes en residenciales.

“Conociendo los eventos previos de disminución de vivienda pública, la falta de mantenimiento en muchos complejos, el aumento en la factura de los servicios esenciales, la resistencia a que las comunidades se organicen y otros eventos, no queremos pensar que esto es parte de un plan a los efectos de desaparecer lo que es el sector de vivienda pública”, señaló Mirta Colón Pellecier, presidenta de la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana, en conferencia de prensa.

Según el grupo de residentes, entre 2021 y 2024 han experimentado un alza de 49% en la factura de agua, lo que, a su juicio, ha vulnerabilizado las condiciones de vida de “muchos” vecinos, especialmente adultos mayores que han visto sus ingresos menguados.

El alza más reciente –de 2% y para todos los clientes de la AAA– se reflejó el pasado 1 de julio, acorde con el nuevo plan fiscal certificado de la corporación pública, que abarca de 2024 a 2038. La tarifa básica aumentó a $29.29 al mes. Los incrementos tarifarios en la AAA, sin embargo, comenzaron en el año fiscal 2018, con variaciones entre 2.5% y 4.5% hasta 2022, y de 2% en 2023. Entre 2018 y 2024, la AAA recolectó $732.2 millones.

Por escrito, y tras la conferencia de prensa, el vicepresidente de Planificación Estratégica de la AAA, Arnaldo Jiménez, indicó que a todas las unidades de residenciales públicos les aplica la tarifa residencial base de $29.29. “Estos clientes no tienen cargo adicional por metros consumidores por encima del cargo base”, dijo.

Jiménez no explicó, sin embargo, cuándo se determinó que la tarifa fija para los clientes de vivienda pública sería igual a la residencial base y si esa decisión se tomó mediante reglamento, orden administrativa u otro mecanismo.

Colón Pellecier recordó que, para 2021, la tarifa residencial base era de $19.71. “Lo que se le dio a la AAA (a través de la Ley 22) no fue una carta en blanco. Cualquier cambio a la ley tiene que pasar por la Asamblea Legislativa e ir a vistas públicas”, subrayó.

Por su parte, Ariadna Godreau, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, explicó que la Ley 22, en su Artículo 3.9, obliga a la AAA a establecer “una tarifa fija mensual para los clientes que residan en un residencial público bajo la titularidad de la Administración de Vivienda Pública”.

No obstante, la AAA –contrario a la Autoridad de Energía Eléctrica– no ha hecho este ejercicio, alertó la licenciada. “El problema que hay es que esa tarifa no está en ningún lugar, en ningún reglamento, no hay un análisis de cómo se saca y lo que han visto las personas residentes es que esto ha ido aumentando”, señaló, al destacar que, para los residentes de vivienda pública, existe el agravante de que un retraso en el pago de los servicios esenciales podría convertirse en un desahucio.

Godreau indicó que, desde 2023, ha habido cerca de 1,300 desahucios por impago contra residentes de vivienda pública. “Así que el problema de los servicios esenciales sí es un factor determinante en desahucios que se promueven, a veces, por $6. Estamos hablando de un aumento (…) sin detalles de consumo, y la violación a la ley es que no puede ser arbitrario porque, entonces, por definición, no es una tarifa fija”, recalcó.

En tanto, Colón Pellecier cuestionó que los aumentos tarifarios hayan coincidido con la asignación de millones en fondos federales en asistencia para el pago de alquiler y los servicios de agua y luz. “No queremos partir de la idea de que estos aumentos al servicio de Acueductos responden a la necesidad de acaparar mayores ingresos de las ayudas federales recibidas luego de los huracanes Irma y María, la pandemia (de COVID-19) y el terremoto”, afirmó.

Los portavoces no pudieron especificar si existe un estimado de cuántos residentes podrían enfrentar problemas para asumir el alza tarifaria, pero Jonathan Colón Reyes, vecino del complejo Puerta de Tierra, aseguró, “sin temor” a equivocarse, “que la mayoría no tienen los recursos para hacerle frente a estos aumentos constantes”.

Tanto Colón Pellecier como Colón Reyes hicieron un llamado a los vecinos de residenciales a estar “vigilantes” y participar de las elecciones generales el 5 de noviembre. “Salgan a votar, porque también ha sido el discurso de que a nuestro sector no se le da importancia porque, según ellos alegan, no ejercemos nuestro ejercicio. Así que demostremos que también tenemos fuerza y que somos un sector importante en el país”, señaló Colón Reyes.

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REFERENCIAS:

Ley 22 de 2016