Aunque aclaró que se trata de una aprobación por vía de “excepción”, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio paso a que la Autoridad de los Puertos destine casi $29.2 millones no utilizados para la construcción de una nueva pista en el aeropuerto internacional Rafael Hernández, en Aguadilla, proyecto que la corporación pública viene gestando desde 2021.

En una carta del 27 de noviembre, la JSF precisó que el dinero corresponde a la asignación de mejoras capitales aprobadas en el año fiscal 2021, pero que Puertos no había utilizado.

“La Junta de Supervisión aprueba con observaciones la liberación de fondos de años anteriores y extensión de fondos en la cantidad de $29,191,000 hasta el 30 de junio de 2025, del fondo de mejoras capitales, para cubrir parcialmente los costos relacionados con las mejoras capitales y la construcción de una nueva pista en el aeropuerto Rafael Hernández”, indicó el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica.

El jefe del organismo que controla las finanzas públicas del país puntualizó que, aunque la cuenta de la que provendrán los fondos no es una de las “excepciones” consideradas en la resolución del presupuesto certificado en el año fiscal 2021, “la Junta de Supervisión aprueba la liberación y extensión a modo de excepción, de forma que la Autoridad de los Puertos tenga el financiamiento necesario para este proyecto capital y pueda maximizar el uso de los fondos federales disponibles”.

En octubre pasado, el director ejecutivo de Puertos, Joel Pizá Batiz, anunció que se había contratado a la empresa española Ferrovial para la construcción de la nueva pista de aterrizaje del aeropuerto aguadillano, a raíz de una solicitud de propuestas lanzada en 2021.

Se estima que el costo total del proyecto –conceptualizado en tres etapas– ascienda a $400 millones, de los cuales $265 millones corresponderán a la primera fase, que ejecutará Ferrovial. De ese monto, $141 millones provienen de la Administración Federal de Aviación.

Pizá Batiz, en su entrevista en octubre, detalló que Puertos había identificado cerca de $80 millones estatales para complementar las aportaciones federales, que estaban sujetos al visto bueno de la JSF.