Ciudad de México — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se alista para promulgar la polémica reforma constitucional que reestructurará el Poder Judicial y hará que todos los jueces sean elegidos en comicios, dado que la mayoría de los 32 estados de México ya ha ratificado la iniciativa.

El mandatario dijo que prevé que se publique en el Diario Oficial de la Federación el domingo, coincidiendo con la fiesta de la independencia de México, con lo que logrará su objetivo de dejarla como legado. Su mandato concluye el 30 de septiembre.

Por ley, cualquier cambio en la Constitución debe ser ratificado por 17 de los 32 estados antes de entrar en vigor. El jueves ya lo habían hecho 20, entre ellos, el de Ciudad de México.

El trámite parlamentario de la controvertida iniciativa, cuyos críticos temen que politice la justicia y ponga en peligro la democracia, terminó la madrugada del miércoles con su aprobación en el Senado. El oficialismo consiguió el único voto que le faltaba gracias a un parlamentario de la oposición y después de una muy convulsa sesión que incluyó la irrupción de manifestantes en el pleno, el cambio de sede de la sesión y acusaciones de cooptar el voto.

El senador que cambió su voto, Miguel Ángel Yunes Márquez, del Partido de Acción Nacional (PAN), fue expulsado de esa organización opositora junto con su padre —y suplente en el Senado— el exgobernador Miguel Ángel Yunes Márquez y otra diputada local que también apoyó la iniciativa por “traición a México”.

El PAN también anunció que impugnará la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El alto tribunal, que se había unido al paro de actividades decretado hace semanas por jueces y trabajadores de la judicatura en protesta por la medida, indicó el jueves en un comunicado que retomará las actividades el próximo martes.

Existen recursos judiciales contra la propuesta por irregularidades en su proceso parlamentario —que los críticos tacharon como totalmente antidemocrático— pero varios expertos ven complicado que finalmente se pueda detener su puesta en marcha.

Una posibilidad es que sea contestada por contradecir convenios o tratados internacionales suscritos por México y en los que el Estado mexicano se compromete a tener una justicia imparcial e independiente.

López Obrador, quien ha tenido duros enfrentamientos con la judicatura porque los tribunales bloquearon o paralizaron algunas de sus grandes reformas, asegura que la reforma acabará con la corrupción al facilitar las sanciones a los magistrados.

Pero los críticos, entre los que están los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, argumentan que la reforma pone en riesgo la independencia judicial y representa un duro golpe para el sistema de contrapesos del gobierno y generará incertidumbre entre los inversores.

Además, consideran que llenará las cortes con jueces afines al partido en la presidencia, permitirá que personas con poca experiencia sean jueces y podría facilitar que políticos y delincuentes puedan influir en los fallos judiciales.

La reforma judicial es la primera de las reformas constitucionales previstas por el presidente y que incluyen otras también muy controvertidas como la supresión de organismos autónomos que hacían contrapeso al Ejecutivo.