El ministro de Paz y Justicia de Costa Rica visitó el viernes El Salvador para un encuentro con su par en el que repasaron la política de mano dura aplicada por el gobierno de Nayib Bukele en los últimos tres años, con miras a replicar parte de esa estrategia en el territorio costarricense en un intento de combatir la violencia y el aumento de los asesinatos.

Costa Rica enfrenta en los últimos años una ola de violencia por homicidios, gran parte de ellos relacionados con la actividad de bandas criminales y el narcotráfico.

En 2023, el país tuvo la cifra más alta de muertes violentas con 907, mientras que en 2024 cerró en 880 asesinatos. Hasta el 3 de abril, el Organismo de Investigación Judicial reportó 235 homicidios, cuatro menos que a la misma fecha del año anterior.

El gobierno costarricense ha manifestado en varias ocasiones su admiración por la política de seguridad de Bukele, a quien el presidente Rodrigo Chaves recibió con honores en noviembre pasado.

Gerald Campos Valverde, responsable de la política de seguridad de Costa Rica, indicó que estaba de visita en El Salvador por orden de Chaves para conocer “estas buenas prácticas del pueblo salvadoreño con el fin de combatir la delincuencia y con el fin de devolverle a todos los ciudadanos sus derechos”.

Mencionó, en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, que tomó nota de “ciertas directrices y normas que podamos aplicar allá” y reconoció el problema de inseguridad que acecha a su país.

“El crimen quiere tomar nuestras calles y el gobierno que hay ahorita en Costa Rica no se lo va a permitir”, apuntó Campos Valverde.

Bukele decretó hace tres años un régimen de excepción en su país, que ha sido renovado mes a mes por el Congreso, de abrumadora mayoría oficialista, y que permite a las autoridades detener a la gente sin decirle el por qué y negar el acceso a un abogado.

Más de 84,000 personas fueron detenidas con presuntos vínculos con pandillas y los crímenes se redujeron drásticamente, dando un gran capital de apoyo popular a Bukele.

Como parte de la visita, Campos Valverde tenía previsto acudir al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima de seguridad de El Salvador construida por Bukele a la que ahora están llegando además deportados de Estados Unidos.

Tras el recorrido por la prisión, el funcionario costarricense defendió que es un lugar con un “absoluto respeto” de los derechos fundamentales de los presos y destacó, como un aspecto a mejorar en su país, que hay “personal comprometido” y “cero tolerancia a los actos de corrupción”.

El director del CECOT lo llevó frente a una de las celdas con unos 70 reos y les ordenó que se sacaran las camisas para mostrar sus tatuajes. Les preguntó de qué pandillas eran para demostrar que conviven en el mismo espacio en paz miembros de todas las pandillas. Uno de los presos respondió que era de Barrio 18 Sureños, mientras mostraba sus marcas en la piel. A su lado, otro dijo ser integrante de otra pandilla, la Mara Salvatrucha.

“Necesitamos reformar nuestras cárceles, empezar a hacer cárceles nuevas y decirles que sean acordes con el nivel de criminalidad que hoy vive en nuestros países”, apuntó Campos Valverde.

El presidente de Costa Rica mantiene un tenso pulso con el Poder Judicial de su país, al que acusa de liberar a los criminales luego de que la policía los captura.

Según dijo el ministro Campos en su visita en San Salvador, su gobierno encuentra obstáculos tanto en el Poder Legislativo y en el Judicial: “Tenemos un problema con la aprobación de leyes que sean duras y que sean necesarias para poder encarcelar a esta gente”.

El ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad se mostró abierto a compartir su receta de mano dura contra las pandillas con su vecino, que “era un referente de paz”, pero matizó que “no se trata de copiar y pegar, sino que se trata de conocer lo que hemos hecho e implementar en cada uno de los países lo que se puede hacer”.