Buenos Aires — El mayor tribunal penal de Argentina ratificó el miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado impuesta en 2022 a la expresidenta Cristina Fernández, la principal figura política de las últimas dos décadas.

La medida no implica que la también exvicepresidenta (2019-2023) y titular del peronismo pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses venideros, ya que tiene previsto apelar el fallo ante el Tribunal Supremo, que puede tardar años en pronunciarse.

Pocos minutos antes de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal diera a conocer su resolución, Fernández, de 71 años, había difundido un video en X, antes Twitter, en el que anunció que se dirigía a una localidad a las afueras de Buenos Aires para “compartir una actividad con la intendenta (alcaldesa) Mariel Fernández y 400 mujeres”. La exmandataria terminó su mensaje tirando un beso al aire.

Fernández recibió a fines de 2022 la condena de cárcel impuesta por un tribunal federal que consideró que cometió un fraude millonario al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz a un empresario allegado durante su mandato presidencial (2007-2015). La entonces vicepresidenta consideró que fue víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para sacarla del escenario político.

El empresario de la construcción Lázaro Báez y varios exfuncionarios del gobierno de Fernández también fueron sentenciados a cumplir distintas penas de cárcel.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ahora esas sentencias en una audiencia que tuvo lugar en la sede de los tribunales federales en Buenos Aires, a la cual Fernández y los otros condenados no asistieron.

En las inmediaciones, militantes del kirchnerismo —la corriente de centroizquierda del peronismo que tiene a la exmandataria como referente— se manifestaron en contra de lo que consideran un ejemplo del “lawfare” o uso de los mecanismos del sistema de justicia para destruir a personalidades políticas.

En el caso de que la Corte Suprema ratifique la condena a Fernández, podría cumplirla en su casa por tener más de 70 años.

La exmandataria se expresó la víspera en contra de la sentencia de cárcel y apuntó contra los jueces del tribunal federal que la condenaron hace dos años así como con los de la Cámara Federal de Casación Penal vinculándolos con el conservador expresidente Mauricio Macri (2015-2019), su sucesor en el cargo y quien, en su opinión, impulsó la investigación judicial en su contra.

En un escrito difundido en sus redes sociales en el que asumió que la sentencia en su contra iba a ser confirmada, la dirigente peronista apuntó que el delito de administración fraudulenta en relación con las obras viales nunca pudo haberlo cometido como presidenta.

Al respecto señaló que ese medio centenar de obras realizadas por la empresa de Báez fueron “aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015″.