Londres — Una comisión de expertos que examina las muertes por eutanasia en la provincia más poblada de Canadá ha identificado varios casos en los que los pacientes pidieron se les aplicara la muerte asistida en parte por razones sociales, tales como aislamiento y temor a quedar sin casa, lo que ha generado preocupación sobre la aprobación de este procedimiento para personas vulnerables.

El director forense de la provincia de Ontario emitió varios informes el miércoles —después de una investigación de The Associated Press, fundamentada en parte en datos proporcionados en uno de los documentos— en los que revisó las muertes por eutanasia de personas que no padecían enfermedades terminales. Los informes de la comisión de expertos se basan en un análisis de casos anónimos, elegidos por sus implicaciones para solicitudes futuras de eutanasia.

Los criterios jurídicos de Canadá requieren que haya una razón médica para aprobar la eutanasia —un diagnóstico fatal o un dolor incontrolable—, pero los informes de la comisión muestran casos en los que algunas personas recibieron la eutanasia con base en otros factores, incluida una “necesidad social insatisfecha”.

La investigación de la AP halló que médicos y enfermeras se debatían en privado por solicitudes de eutanasia de personas vulnerables cuyo sufrimiento podría resolverse con dinero, conexiones sociales o alojamiento adecuado. Los proveedores médicos expresaron incomodidad por asistir en la muerte de personas vulnerables cuyos fallecimientos eran evitables, incluso si cumplían con los criterios en el sistema de eutanasia de Canadá, conocido a nivel nacional como MAiD, siglas en inglés de asistencia médica para morir.

“El que finalmente se tenga un informe gubernamental que reconoce estos casos preocupantes es extremadamente importante”, dijo la doctora Ramona Coelho, que pertenece a la comisión de expertos. “Durante muchos años nos han tirado de locos cuando planteábamos temores acerca de que las personas recibieron MAiD porque eran pobres, discapacitadas o estaban socialmente aisladas”.

En el caso de un hombre identificado como señor A, la comisión de expertos de Ontario cuestionó si las autoridades intentaron lo suficiente aliviar su dolor antes de que se le aplicara la eutanasia. El señor A era un hombre desempleado de poco más de 40 años con enfermedad intestinal y antecedentes de abuso de sustancias y enfermedad mental. Se le describió como “socialmente vulnerable y aislado”. Algunos miembros de la comisión se sintieron alarmados de que un psiquiatra hubiera recomendado la eutanasia durante una evaluación de salud mental.

El señor A fue recogido y trasladado al sitio de aplicación de eutanasia por los propios profesionales médicos encargados del procedimiento, una transgresión de los límites profesionales, según algunos miembros de la comisión. Dijeron que eso podría haber “creado presión y dado lugar a una percepción de apresurar a una persona hacia la muerte”.

Otro caso se refería a la señora B, una mujer de más de 50 años aquejada de síndrome de sensibilidad química múltiple, con antecedentes de enfermedad mental que incluían suicidio y trastorno de estrés postraumático. Vivía aislada socialmente y pidió morir en gran parte porque no podía conseguir una vivienda adecuada, de acuerdo con el informe.

Los miembros de la comisión no pudieron ponerse de acuerdo sobre si su muerte estuvo justificada; algunos afirmaban que, dado que su vivienda inadecuada era la principal razón de su sufrimiento, debería haber sido descalificada para la eutanasia. Otros argumentaron que “las necesidades sociales pueden considerarse irremediables” si se han explorado otras opciones.