Las campañas de vacunación contra el COVID-19 en los países de América Latina encuentran muchos puntos en común: solo en algunos de ellos fue necesaria una ley o un decreto para la adquisición de las vacunas, en casi todos se aceptaron las cláusulas de confidencialidad en los contratos con los laboratorios, la compra se hizo a través del Estado –con ligeras variantes, como en el caso de Brasil y Perú- sin dar intervención directa a los privados, y en la mayoría de los países las compañías farmacéuticas realizaron en 2020 ensayos clínicos en miles de voluntarios, lo que abrió el camino para la entrega de las dosis cuando se ingresara ya en fase de producción.