Unos 102 hombres fueron ejecutados por el gobierno de la República Democrática del Congo esta semana, y se prevé la ejecución de otros 70, señaló el domingo el ministro de Justicia del país en una declaración a The Associated Press.

Indicó que los hombres, de entre 18 y 35 años, eran ladrones armados y “bandidos urbanos”, conocidos localmente como Kulunas, que fueron ejecutados en el noroeste del Congo, en la prisión de Angenga. Cuarenta y cinco fueron ejecutados a finales de diciembre, y los 57 restantes en las últimas 48 horas.

Un vuelo con 70 personas más proveniente de Kinshasa ha llegado a Angenga, pero el gobierno no ha comentado sobre la situación de los prisioneros. El ministro de Justicia, Mutamba, quien supervisa las ejecuciones, dijo el domingo por la noche que “el tercer lote será ejecutado, y por ello los primeros dos ya han sido sometidos a la medida de ejecución por pena de muerte”.

La decisión del gobierno de aplicar la pena de muerte ha resultado divisiva. Algunos han acogido la medida, considerándola un medio para restaurar el orden y la seguridad en las ciudades, mientras que otros están preocupados por los riesgos de abuso y violaciones a los derechos humanos.

“Acogemos esta decisión del ministro porque ayudará a poner fin al crimen urbano. A partir de las 8 de la noche no puedes moverte libremente porque tienes miedo de toparte con un Kuluna”, dijo Fiston Kakule, residente de la ciudad oriental de Goma.

Espoir Muhinuka, activista por los derechos humanos, advirtió sobre la posibilidad de que haya ejecuciones extrajudiciales, y pidió un estricto respeto por los procedimientos judiciales y las garantías fundamentales. Teme que la presión política pueda derivar en condenas injustas y ejecuciones arbitrarias.

“La situación en la República Democrática del Congo es compleja y requiere un enfoque multidimensional. La lucha contra las bandas urbanas debe ir de la mano con labores para combatir la pobreza, el desempleo y la exclusión social, que a menudo son factores que contribuyen a la delincuencia”, observó.

La pena de muerte en la República Democrática del Congo es un tema delicado. El país la abolió en 1981, pero fue restablecida en 2006. La última ejecución se llevó a cabo en 2003, pero en marzo de 2024 el gobierno congoleño anunció la reanudación de las ejecuciones capitales. Sin embargo, el restablecimiento de la pena de muerte era para los casos de personal militar acusado de traición.

En mayo, ocho soldados fueron condenados a muerte por huir del campo de batalla, y en julio, 25 soldados fueron declarados culpables por delitos similares. No se sabe que ninguno de ellos haya sido ejecutado.