San Salvador — El Congreso de El Salvador aprobó el martes la vigésimo octava prórroga del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele para combatir las pandillas que por más de tres décadas aterrorizaron a los salvadoreños.

La prórroga es por 30 días en todo el territorio nacional, desde del 10 de julio, se aprobó con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral controlado por el partido oficialista y sus aliados. La diputada del conservador partido VAMOS votó en contra, mientras que los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron.

En su petición el Gabinete de seguridad informó que en el gobierno del presidente Bukele ha acumulado 655 días sin homicidios y que durante el régimen de excepción han capturado a más de 81,100 supuestos pandilleros, incluidos los principales cabecillas de estas estructuras criminales.

Según la información oficial, la mayoría de los detenidos permanecen en prisión sin una sentencia judicial en su contra. El gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a más de 7,000 detenidos por falta de pruebas.

El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, un día después en que en 24 horas las pandillas asesinaran a 62 personas en todo el país, suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.

Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.

Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.

En su petición, el gobierno de Bukele argumenta que en indispensable avanzar en las labores de inteligencia policial y militar para combatir a “las organizaciones criminales y cuyos remanentes continúan produciendo actividad delictiva, constituyéndose estos grupos en el enemigo y la más grave amenaza que el estado debe enfrentar”.

Durante el debate, en el que no participaron los parlamentarios opositores, la diputada de Nuevas Ideas Ana Figueroa dijo: “Somos testigos de que el régimen de excepción ha sido una herramienta muy eficaz para combatir a las pandillas. Nos llena de satisfacción ver como otros países están interesados en este tipo de medidas, ya que han generado resultados irrefutables”.

En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo y registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. “Hoy, nos hemos convertido en una nación atractiva para los inversionistas, lo que está impulsando la economía y el turismo. Sin duda, El Salvador va por el camino correcto”, afirmó Figueroa.

En 2023, el país cerró con 214 homicidios, entre ellos, 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares. En lo que va del año la policía registra 75 homicidios que incluyen la muerte de tres presuntos delincuentes también en supuestos enfrentamientos con la policía o las fuerzas armadas.

Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones a los derechos fundamentales de las personas y han exigido la derogación del régimen de excepción.

La ONG Socorro Jurídico Humanitario reportó recientemente 305 muertes de personas detenidas durante el régimen de excepción. También dicen tener registros de más de 6,000 denuncias de capturas arbitrarias a personas inocentes.