La Haya, Holanda - La Corte Penal Internacional (CPI) hizo un llamado el viernes a sus estados miembro para que se opongan a las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y alegó que la medida era un intento de “dañar su trabajo judicial independiente e imparcial”.

La Casa Blanca emitió en la víspera una orden ejecutiva en respuesta a lo que denominó “acciones ilegítimas y sin fundamento que apuntan a Estados Unidos y a nuestro aliado cercano Israel”. Se refería a la orden de arresto que la CPI emitió el año pasado contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

El tribunal, con sede en La Haya, dijo que “condena” la medida. “La Corte se mantiene firme al lado de su personal y se compromete a continuar brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo”, afirmó en un comunicado.

“Hacemos un llamado a nuestros 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que se unan en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales”, agregó la nota.

La orden ejecutiva señaló que Estados Unidos impondrá “consecuencias tangibles y significativas” a los responsables de las “transgresiones” de la CPI. Las acciones pueden incluir el bloqueo de propiedades y activos, o impedir la entrada de funcionarios de la CPI, empleados y familiares al país.

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado estadounidenses determinarán qué personas y organizaciones serán sancionadas.

Grupos de derechos humanos han criticado la decisión. “Las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de la CPI serían un regalo para los responsables de atrocidades masivas en todo el mundo. Las sanciones son para quienes violan los derechos humanos, no para aquellos que trabajan para hacer que los infractores” respondan ante la justicia, apuntó Liz Evenson, directora de justicia internacional de Human Rights Watch, en un comunicado.

“La orden ejecutiva de Trump toma una página del libro de jugadas de Rusia, que ha buscado obstruir el trabajo del tribunal mediante órdenes de arresto contra sus jueces y fiscal”, agregó.

Los funcionarios de la corte llevaban semanas preparándose para las sanciones. En enero, el tribunal otorgó al personal un adelanto de tres meses en sus salarios, según contaron dos informantes de la CPI a Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

Al menos dos altos empleados de alto perfil de la institución han renunciado desde que Trump salió elegido en un esfuerzo por evitar sanciones.

Holanda, donde está la sede de la corte, también criticó la medida del presidente estadounidense. “El trabajo del tribunal es esencial en la lucha contra la impunidad”, dijo el ministro holandés de Exteriores, Caspar Veldkamp, en un comunicado.

Funcionarios del gobierno holandés señalaron que Ámsterdam ha estado tratando de ayudar al tribunal a protegerse de las repercusiones.

Grupos que trabajan con la CPI también han expresado su preocupación por el alcance de las sanciones.

“Acabamos de poner todos los proyectos en espera, porque no sabemos qué significarán las sanciones”, dijo el líder de un grupo de defensa a la AP bajo condición de anonimato. Otro dijo que estaban sacando dinero de cuentas bancarias en Estados Unidos como medida de precaución.

Esta es la segunda vez que Trump ataca al tribunal. Durante su mandato anterior, impuso sanciones a la exfiscal Fatou Bensouda y a uno de sus adjuntos por su investigación sobre crímenes cometidos en Afganistán. Su sucesor, Joe Biden, levantó las sanciones cuando asumió el cargo en 2021.