Ciudad de México — Un vuelo procedente de Estados Unidos que transportaba a 135 personas deportadas, la mitad de ellas menores de edad y oriundas de distintos países, estaba programado para aterrizar el jueves en Costa Rica, convirtiéndose en la segunda nación latinoamericana en servir como escala para migrantes mientras el gobierno del presidente Donald Trump intensifica las deportaciones.

A su llegada, los migrantes serán trasladados en autobús desde la capital de Costa Rica hasta un centro de detención rural cerca de la frontera con Panamá, donde esperarán hasta 30 días para ser devueltos a sus países de origen, dijo Omer Badilla, viceministro del interior y policía de Costa Rica. El gobierno de Estados Unidos cubrirá los costos.

El acuerdo forma parte de un pacto que el gobierno de Trump firmó con Costa Rica durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a principios de este mes. Se han alcanzado acuerdos similares con otras naciones latinoamericanas, pero el concepto de utilizar terceros países como escalas de deportación ha recibido fuertes críticas de defensores de los derechos humanos.

Más allá de las condiciones en las que estarán las personas detenidas en Costa Rica, las preocupaciones giran en torno a las protecciones internacionales para los solicitantes de asilo y si estos deportados serán debidamente evaluados antes de ser devueltos a sus países o enviados a otro país.

Honduras dijo el jueves que también fungió como una breve escala para un vuelo de deportación de venezolanos desde Estados Unidos en lo que describió como un “puente humanitario”, ya que no hay vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela.

Un vuelo procedente de Estados Unidos que transportaba a 170 venezolanos aterrizó el jueves en una base militar conjunta de Estados Unidos y Honduras en el centro de Honduras, y en pocas horas fueron transferidos a una aeronave venezolana. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras señaló que no se trataba de un acuerdo rutinario, pero que la nación centroamericana sigue dispuesta a facilitar más transferencias entre los dos adversarios.

El presidente costarricense Rodrigo Chaves dijo a los periodistas el miércoles que su país está ayudando a su “hermano económicamente poderoso del norte”. Esto ocurre mientras Trump ha presionado a los países de la región para que ayuden a facilitar las deportaciones, en ocasiones bajo la amenaza de imponerles altos aranceles o sanciones.

Esta semana, Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano en aceptar a 299 deportados de otras naciones, y el gobierno los alojó en habitaciones de hotel custodiadas por la policía. Aproximadamente un tercio de aquellos que se negaron a regresar voluntariamente a sus países fueron enviados a un campamento remoto en la provincia de Darién, en la frontera con Colombia, el miércoles. El resto estaba a la espera de vuelos comerciales de regreso a casa.

“Nosotros descartamos la posibilidad de un hotel justamente para que no nos pase la situación de Panamá”, comentó Badilla a The Associated Press.

Badilla indicó que el vuelo de deportación del jueves procedente San Diego está compuesto en gran parte por familias, incluyendo 65 niños y dos mujeres embarazadas. Señaló que Costa Rica fue informada por el gobierno de Trump que la mayoría de los deportados han aceptado regresar voluntariamente a sus países.

Si se niegan, Costa Rica está dispuesta a ofrecer refugio a los deportados o trabajará con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU para facilitar el viaje a un tercer país.

“Costa Rica es un país que garantiza los derechos humanos”, afirmó. “Nosotros vamos a garantizar que los retornos sean a países seguros. No podemos dejar a la libre este tema por un compromiso ético y moral de nuestro país”.

Mientras tanto, los migrantes serán detenidos en la instalación fronteriza, donde estarán acompañados por funcionarios de la ONU, la Cruz Roja y otras entidades gubernamentales enfocadas en la ayuda para “garantizar los derechos de las personas”, dijo Badilla.

La instalación que será utilizada para albergar a los migrantes, una antigua fábrica, ha enfrentado críticas por sus condiciones en el pasado.

Durante una visita de la AP en octubre de 2023, los migrantes estaban encerrados en instalaciones abarrotadas y dijeron que se sentían “encarcelados”. Muchos dormían en tiendas de campaña en el suelo, donde algunos afirmaron que el líquido de los inodoros portátiles se filtraba.

Por su parte, Badilla dijo que las instalaciones han mejorado desde entonces, pero el gobierno ha negado el acceso a los periodistas al edificio.

La instalación también procesará un “flujo inverso” de migrantes de Venezuela, Colombia y Ecuador que previamente solicitaron asilo en Estados Unidos y ahora desean regresar a casa. Badilla señaló que Costa Rica ha registrado que entre 50 y 75 migrantes que se dirigen al sur ingresan al país cada día.

La OIM dijo en un comunicado enviado a la AP que “no tenemos participación directa en la detención o restricción del movimiento de individuos” y que estaba proporcionando apoyo humanitario y apoyando los retornos voluntarios a sus países e “identificando alternativas seguras para otros”.

“Estamos comprometidos a garantizar que todos los migrantes sean tratados con dignidad y de acuerdo con los estándares internacionales”, señaló la agencia.