ROMA - El papa Francisco ha tomado la notable decisión de disolver un movimiento católico con base en Perú, el Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), tras años de intentos de reforma y una investigación del Vaticano.

La pesquisa reveló abusos sexuales por parte de su fundador, mala gestión financiera de sus líderes y abusos espirituales de sus principales miembros.

El Sodalicio confirmó la disolución el lunes, la cual fue comunicada a una asamblea de sus miembros en Aparecida, Brasil, este fin de semana por el principal asesor legal de Francisco, el cardenal Gianfranco Ghirlanda.

Al revelar la disolución en un comunicado, el grupo lamentó que la noticia de la decisión haya sido filtrada por dos miembros que asistieron a la asamblea, quienes fueron “definitivamente expulsados”.

No proporcionó detalles, diciendo sólo que la “información central” sobre la disolución que fue reportada por el sitio en español Infovaticana “era cierta, pero contenía varias inexactitudes”. Tampoco especificó cuáles eran tales inexactitudes.

El Vaticano no ha respondido a varias solicitudes de comentarios. La disolución o supresión de un movimiento religioso reconocido pontificiamente es una empresa importante para un papa, más aún para un líder jesuita dado que la propia orden religiosa jesuita fue suprimida en el siglo XVIII.

La disolución del SCV marca el final definitivo de lo que ha sido una lenta muerte del movimiento, fundado en 1971 como una de varias sociedades católicas creadas como reacción conservadora a la teología de la liberación de izquierda que se extendió por Latinoamérica.

En su apogeo, el grupo contaba con unos 20,000 miembros en América del Sur y Estados Unidos. Fue enormemente influyente en Perú.

Exmiembros se quejaron ante la arquidiócesis de Lima en 2011 sobre abusos por parte de su fundador, Luis Figari, y otras denuncias datan de 2000. Sin embargo, ni la iglesia local ni la Santa Sede tomaron medidas concretas hasta que una de las víctimas, Pedro Salinas, escribió un libro junto con la periodista Paola Ugaz detallando las prácticas retorcidas del Sodalicio en 2015, titulado “Mitad Monjes, Mitad Soldados”.

En 2017, un informe encargado por la dirección del grupo determinó que Figari sodomizaba a sus reclutas y las sometía a humillantes abusos psicológicos y otros de carácter sexual.

Tras un intento de reforma, Francisco envió a sus dos investigadores de mayor confianza, el arzobispo Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu, para investigar la situación. Su informe descubrió abusos “sádicos” de poder, autoridad y espiritualidad propios de una secta; económicos en la administración del dinero de la Iglesia e incluso periodísticos de acoso a los críticos.

El reporte también dio lugar a la expulsión de Figari y de 10 miembros principales el año pasado. Entre ellos estuvo un arzobispo que había demandado a Salinas y Ugaz por sus denuncias y que fue obligado a jubilarse anticipadamente.

Salinas, que lleva tiempo pidiendo la supresión del SCV, dijo que la noticia del decreto de Francisco era “extraordinaria”, aunque tardía, ya que las primeras denuncias datan de hace 25 años. Elogió a Scicluna y Bertomeu, así como a la nueva prefecta de la oficina vaticana para las órdenes religiosas, la hermana Simona Brambilla, ya que es la responsable última del SCV.

“Y, por supuesto, sin el compromiso personal del papa Francisco en esta larga historia de impunidad, nada habría ocurrido”, dijo Salinas, identificando a instituciones y obispos peruanos cómplices que “prefirieron mirar a otro lado en lugar de acompañar al pontífice argentino en su lucha por una iglesia católica sin abusos”.

Periodistas de la AP vieron el lunes a Bertomeu ingresando a la reunión anual de obispos en la sede de Lima de la Conferencia Episcopal Peruana. Dijo que no realizaría comentarios.

Aún se desconoce qué será de los bienes del Sodalicio, pero las víctimas quieren que se utilicen como compensación por su trauma. Según el código de derecho canónico, sólo la Santa Sede puede suprimir un instituto como el SCV y “la decisión sobre los bienes temporales del instituto también está reservada a la Sede Apostólica”.

Renzo Orbegozo, de Grapevine, Texas, y víctima del movimiento, celebró la disolución del grupo al que perteneció entre 1995 y 2008 y dijo que espera que los miembros actuales se den cuenta del engaño con el que han estado viviendo.

“El Sodalicio es realmente un flagelo social disfrazado de asociación católica”, dijo. “Con el tiempo los aún sodálites entenderán esto, se darán cuenta que solo fueron un número y no una preocupación real de la secta”.

Sus comentarios se hicieron eco de los del actual arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, quien en un reciente ensayo calificó al grupo de “experimento fallido” de la Iglesia en América Latina e instó a su supresión.

“Mi hipótesis es que el Sodalicio obedece a un proyecto político”, escribió Castillo en el periódico español El País. “Es la resurrección del fascismo en América Latina, utilizando arteramente a la Iglesia mediante métodos sectarios”.

La voluntad de Francisco de suprimir el movimiento contrasta con la decisión tomada por su predecesor, Benedicto XVI, cuando se enfrentó a otra poderosa y rica orden conservadora latinoamericana, los Legionarios de Cristo.

Ante la misma evidencia de depravación por parte de su fundador y la falta de un espíritu fundacional, o carisma, que sustentara la Legión, Benedicto XVI optó en 2010 por una vía de renovación, haciendo caso omiso de las peticiones de que se suprimiera.