El papa Francisco anunció el miércoles una nueva expulsión de otros dos altos miembros del poderoso grupo católico Sodalicio de Vida Cristiana en Perú señalándolos por su responsabilidad en “ilícitos cometidos por empresas vinculadas” al Sodalicio y por el presunto abuso sexual cometido por uno de ellos.

La decisión eleva a 15 el número total de religiosos separados, que incluyen a diez personas el mes pasado y en agosto, al fundador del grupo Luis Fernando Figari Rodrigo, de 77 años, después de que se descubriera que abusó sexualmente de sus seguidores. Estas medidas se tomaron tras una “misión especial” de investigación del Vaticano que descubrió serios abusos de poder, autoridad y manipulación espiritual en el Sodalicio.

A inicios de septiembre la fiscalía peruana archivó una investigación abierta en 2016 por los delitos de secuestro, lesiones mentales graves y asociación ilícita en contra de seis integrantes del Sodalicio, incluido Figari y otros dos de los expulsados por el Papa, porque, según la resolución fiscal a la que tuvo acceso la AP, los delitos habían prescrito.

Hay otra investigación fiscal que inició en agosto de 2023 y sigue abierta por presuntos delitos de lavado de activos contra dos integrantes del Sodalicio y un tercero, que es familiar de un miembro importante de la organización católica. La fiscalía presume que usaban empresas de fachada en Islas Vírgenes y Panamá para ocultar ingresos del sector minero, lo cual es negado por el Sodalicio.

Un comunicado de la Nunciatura Apostólica en Perú, la misión diplomática del Vaticano, decía el miércoles que la expulsión del sacerdote Jaime Baertl Gómez y del laico Juan Carlos Len Álvarez, consideró “la gravedad del abuso sexual cometido por uno de los acusados, así como la responsabilidad personal de estos dos consagrados en numerosas irregularidades e ilícitos cometidos por empresas vinculadas” al Sodalicio. No se dice quién de los dos expulsados cometió abuso sexual.

Añadió que “algunas gestiones económicas e inversiones promovidas por el reverendo Baertl y el señor Len al interior del Sodalicio” constituyen “acciones pecaminosas que traicionan el Evangelio”.

Indicó que “además, son ilícitos canónicos intolerables que, más allá del escándalo suscitado a nivel internacional, desfiguran la emisión evangelizadora de la Iglesia y merman severamente su credibilidad, poniendo también en peligro la sana cooperación que regula las relaciones” entre la Santa Sede y Perú.

El comunicado no detalló las características de las gestiones económicas cuestionadas por el Vaticano. La AP pidió comentarios al Sodalicio sin obtener una respuesta al momento.

Francisco envió a Lima en una misión especial en 2023 a dos investigadores de su confianza, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y monseñor Jordi Bertomeu, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Estos se reunieron con líderes del Sodalicio, así como con presuntas víctimas, incluidos campesinos que alegaron vivir una “tortura” por disputas judiciales por sus tierras con empresas vinculadas al Sodalicio. La misión llegó luego de que en 2015, dos periodistas peruanos, Pedro Salinas y Paola Ugaz, publicaran el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, donde expusieron las prácticas abusivas del grupo católico conservador.

Ugaz dijo a la AP que Jaime Baertl es en la práctica el “jefe del sector financiero del Sodalicio” y quien descubrió “la gallina de los huevos de oro” en la década de 1980 con la construcción de cementerios donados de forma ficticia a obispos, quienes en teoría eran los dueños y así no pagaban impuestos usando un acuerdo entre Perú y la Santa Sede. Eso les permitió ganar hasta un 40% más que un cementerio privado. “Esto permitió... tener muchísimo dinero para meterlos a otros negocios”, indicó.

Varios negocios de empresas ligadas al Sodalicio se asentaron en la región Piura donde en 2006 José Antonio Eguren —un sacerdote del Sodalicio expulsado por Francisco en septiembre— se convirtió en arzobispo. “Allí pusieron cementerios, inmobiliarias, agroexportadoras”, indicó Ugaz. Eguren demandó a Ugaz y Salinas por sus investigaciones periodísticas y les pidió $100,000 por dañar su honor y reputación, pero luego en 2019 renunció a la demanda tras ser cuestionado por la Iglesia peruana.