En julio de 2020, un hombre de 41 años, se acercó al Hospital de Albacete (España), en busca de ayuda profesional debido a que comenzó a notar una molestia en su cuerpo, la cual le ocasionaba vómitos constantes de color negro.

Al notar el estado del paciente, los médicos del centro sanitario optaron por practicarle una gastroscopia, con la que podrían visualizar el interior del esófago y el estómago.

Con los resultados del estudio, los doctores le diagnosticaron una esofagitis por reflujo de grado D, ya que pensaron que se debía a una simple lesión en la mucosa del esófago.

Sin embargo, con el pasar de los meses la familia del hombre no veía ningún cambio. De hecho, en repetidas ocasiones, a causa de los molestos síntomas, estuvieron visitando la sala de urgencias, donde los profesionales de la salud, insistían en que todo era producto de una afección común, por lo que no le realizaron los exámenes de rigor.

A principios del año siguiente, el hombre logró que un grupo de médicos se interesaran en investigar su caso de manera más detallada. Tras varios estudios endoscópicos, le detectaron un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del esófago, pero ya era demasiado tarde.

El adenocarcinoma de esófago se encontraba en una etapa muy avanzada debido a que le había hecho metástasis en otras partes del cuerpo, por lo que pensar en algún tratamiento para contrarrestar los daños, era imposible.

Al poco tiempo el hombre falleció y la asociación El Defensor del Paciente decidió representar a la familia del enfermo frente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, alegando una malpráctica en la asistencia médica.

De acuerdo con las autoridades, hubo una vulneración en la prestación del servicio médico, debido a que era una obligación repetirle los exámenes al paciente a los tres meses de la primera gastroscopia.

Además, determinaron que el retraso del diagnóstico y la negligencia médica influyó en la evolución de la enfermedad, puesto que esta dejó de ser tratable en cuestión de meses y solo fue tomada en serio hasta la metástasis avanzada.

Teniendo en cuenta eso, el juez reconoció que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha debe pagar una indemnización a la familia del fallecido de 116,845 euros por el daño antijurídico ocasionado por una mala praxis en la asistencia médica.