La administración del presidente estadounidense Donald Trump confiscó el jueves un segundo avión perteneciente al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro que actualmente se encuentra en República Dominicana.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, observó mientras las autoridades estadounidenses colocaban la orden de incautación en el avión durante una visita a Santo Domingo, la última parada de su gira por cinco naciones de Latinoamérica.

La ejecución de la incautación requirió que Rubio firmara una exención a una congelación que impuso el presidente Trump a la ayuda al extranjero para pagar más de $230,000 en cuotas de almacenamiento y mantenimiento, según un documento del Departamento de Estado al que The Associated Press tuvo acceso. También requirió la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El avión es un Dassault Falcon 200 que ha sido utilizado por Maduro y sus principales asesores, entre ellos, su vicepresidenta y su ministro de defensa, para viajar por el mundo visitando países como Grecia, Turquía, Rusia y Cuba, en lo que Washington califica como violaciones de las sanciones de Estados Unidos, según el documento.

La incautación del avión ocurre una semana después de que el enviado de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, visitara Caracas y se reuniera con Maduro para analizar la repatriación de venezolanos que ingresaron irregularmente a Estados Unidos. Grenell regresó con seis estadounidenses que habían estado detenidos en Venezuela.

En septiembre de 2024, Estados Unidos incautó otro de los aviones de Maduro en República Dominicana.

En ese momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que, a finales de 2022 y principios de 2023, los asociados de Maduro utilizaron una empresa de fachada con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra del avión, un Dassault Falcon 900EX valorado en $13 millones, de una empresa en Florida.

En relación con la primera parada de Rubio en su viaje, dijo el jueves que no estaba “confundido” sobre el estado de un acuerdo sobre la eliminación de cuotas para que los buques de guerra de Estados Unidos crucen por el Canal de Panamá y entendió que Panamá debe seguir un proceso legal para dar ese paso.

“Es un gobierno democráticamente elegido. Tienen reglas. Tienen leyes. Van a seguir su proceso”, dijo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio el miércoles por la noche en la red social X que los panameños habían acordado eximir las tarifas.

Pero más tarde, el presidente panameño, José Raúl Mulino, negó esa afirmación y dijo el jueves que, un día antes, informó al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que ni podía establecer las tarifas para transitar por el canal ni eximir a nadie de ellas, y que le sorprendía la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos donde se sugería lo contrario.

Hasta el jueves, el departamento no había hecho ningún comentario.

Las tarifas habían sido uno de los motivos de las quejas del presidente Donald Trump sobre el canal, cuyo control ha amenazado con retomar a menos que Panamá limite drásticamente la influencia china en la zona.

Dado que Estados Unidos tiene la obligación por tratado de proteger el canal, Rubio dijo: “Me parece absurdo que tengamos que pagar tarifas para transitar por una zona que estamos obligados a proteger en tiempos de conflicto”.