Bucaramanga, Colombia — Fabio Ochoa Vásquez, quien fuera uno de los capos del temido Cártel de Medellín y socio de Pablo Escobar, fue deportado el lunes por Estados Unidos tras cumplir una condena de más de dos décadas por narcotráfico, informó Migración Colombia.

El excapo, de 67 años, pisó su tierra natal por primera vez tras ser extraditado en 2001 a Estados Unidos, donde fue condenado a 30 años de cárcel por conspiración para poseer e importar cinco o más kilos de cocaína a ese país.

Vestido con un sueter gris, un pantalón beige y tenis negros, Ochoa arribó al aeropuerto internacional de Bogotá en un vuelo charter con otros deportados enviados por Estados Unidos. Con el cabello cano y gafas, Ochoa fue recibido por agentes de Migración Colombia.

Ochoa quedó en libertad luego de que la autoridad migratoria confirmó que “no hay ningún requerimiento por parte de las autoridades colombianas”.

Fabio es el menor del clan de los hermanos Ochoa Vásquez, junto a Jorge Luis y Juan David, quienes incursionaron en el narcotráfico en la década de 1970 y se convirtieron en socios del Cártel de Medellín que terminó liderando Escobar —dado de baja por la policía en 1993—.

También fue parte del grupo MAS (Muerte a Secuestradores) que se creó en Colombia en la década de 1980 tras el secuestro de su hermana Martha Nieves Ochoa por parte de la extinta guerrilla M-19. Los Ochoa no pagaron el rescate y la guerrilla la liberó tras el asedio del MAS.

El MAS es el “hito fundacional del paramilitarismo en Colombia”, según la Comisión de la Verdad, órgano extrajudicial que se dedicó a esclarecer hechos del conflicto colombiano. Era una “alianza entre la mafia, la fuerza pública y sectores económicos y políticos que se sentían afectados por la guerrilla”.

Ochoa Vásquez se entregó a la justicia colombiana en 1990 bajo un programa gubernamental, cuando formaba parte de la lista de los más buscados por Estados Unidos, que prometía que los capos de la droga no serían extraditados y purgó más de cinco años de cárcel.

Fue capturado en Colombia con fines de extradición en 1999 y acusado de cargos de narcotráfico por Estados Unidos luego de una investigación conjunta entre la agencia antidrogas estadounidense, DEA, y la policía colombiana conocida como “Operación Milenio”.

El menor de la familia Ochoa negó cualquier participación en delitos de narcotráfico para ese entonces y su familia hizo circular vallas publicitarias y pancartas con el mensaje: “Ayer me equivoqué, hoy soy inocente”.

Ochoa Vásquez fue acusado por Estados Unidos junto con más de 30 personas, pero fue el único que fue a juicio luego de rechazar una negociación en la que se le ofrecía una sentencia reducida a cambio de declararse culpable.

El excapo recibió una condena de 30 años de prisión, mientras que los otros acusados recibieron penas de prisión mucho más leves porque la mayoría de ellos cooperaron con el gobierno.

Tras 25 años de prisión cumplió su condena el 3 de diciembre de este año, por lo que quedó en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Michigan.

Con la llegada a Colombia de Ochoa, uno de los últimos excapos vivos del Cártel de Medellín, las víctimas renuevan el anhelo de acceder a información que ayude a resolver crímenes de la época como el atentado contra un avión de Avianca que explotó en el aire en 1989, en el que fallecieron 101 pasajeros y seis tripulantes.

“Yo creo que los años de prisión terminan siendo indiferentes para quienes fuimos víctimas del Cartel de Medellín. Creo que realmente lo que repara, digamos el dolor o el hecho, es la verdad y la justicia”, dijo a The Associated Press Gonzalo Rojas Peña, hijo de una de las víctimas del atentado al avión.

Para Rojas Peña, Ochoa podría tener en sus manos información valiosa para un caso no resuelto sobre cuáles fueron las relaciones entre el Cártel de Medellín y los agentes del Estado en el caso de atentado. “Nos gustaría poder tener ese diálogo con él (Ochoa)”, indicó Rojas Peña.

La deportación de Ochoa se dilató unos días en espera de que se resolviera un requerimiento judicial para que compareciera en Jacksonville, Florida, el 28 de enero, debido a una acusación formal pendiente por un caso de narcotráfico.

Finalmente, el fiscal retiró la solicitud de comparecencia y pidió a una corte federal en Florida que se reanudara su proceso de deportación, en cumplimiento del tratado de extradición vigente con Colombia.