La Fiscalía del Distrito Nacional ya recibió la primera querella en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, por parte de los familiares de dos de las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado martes 8 de abril.

La querella, que también incluye al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) como civilmente responsables, fue presentada por los familiares de Virgilio Rafael Aponte Cruz y Rauny Cedano en contra de Antonio Espaillat López y su madre Ana Grecia López.

En la instancia depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional y en la Dirección de Persecución del Ministerio Público, figuran además como afectados Moisés Torres Pion y Crisyael Montilla, quienes sufrieron lesiones graves con secuelas físicas y emocionales.

La querella fue presentada por Wendely Manely Ramírez Gómez, Aide Dolores Aponte Moni y Dionys Rafael Cruz Rosario, viuda y padres de las víctimas respectivamente, a través del abogado Félix Humberto Portes.

En sus conclusiones, solicitan que se condene a Espaillat López y a Ana Grecia López, así como a la sociedad comercial Inversiones E y L, S.R.L., Jet Set Club, de manera conjunta, solidaria e indivisible, al pago del monto que se determine oportunamente en favor y provecho de los querellantes en calidad de víctimas (esposa y padres del occiso), por concepto de daños materiales y morales sufridos.

Igualmente, solicitan que se condene a los encartados, al Estado dominicano y a la ADN, de manera conjunta, solidaria e indivisible, al pago de la suma que se determine oportunamente a favor de los querellantes.

Indican que, dada la pluralidad de víctimas y hechos, se declare el caso complejo y, en virtud de la gravedad del hecho punible y el peligro o presunción de fuga que recae sobre Antonio Espaillat López y Ana Grecia López, así como la posibilidad de que pudieran, al revelarse estos hechos, ocultar o desaparecer pruebas importantes relativas a este proceso, se asegure la presencia de los encartados en todas las etapas del proceso y/o se preserve la integridad física y psíquica de las víctimas.

Por lo tanto, solicitan de inmediato al juez instructor competente las medidas de coerción de prisión preventiva, de acuerdo con el numeral 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal.

Sostienen que el 8 de abril pasado, aproximadamente a las 12:45 de la madrugada, un grupo de jóvenes amigos, unidos por lazos desde la etapa escolar, se encontraba compartiendo socialmente en las instalaciones de la discoteca Jet Set, ubicada en la avenida Independencia número 2253, del Distrito Nacional, propiedad de Inversiones E y L, S.R.L., cuyos accionistas y gerentes son Antonio Espaillat López y Ana Grecia López.

Aducen que esa noche, el ambiente de recreación y confraternidad se tornó en tragedia cuando, de manera repentina, el techo del citado local colapsó, cayendo directamente sobre los asistentes.

Señalan que, como resultado del derrumbe, perdieron la vida Cruz Aponte y Rauny Cedano, mientras que otros miembros del grupo, entre ellos Moisés Torres Pion y Crisyael Montilla, sufrieron lesiones graves con secuelas físicas y emocionales permanentes.

Precisan que Cruz Aponte, una de las víctimas fatales, dejó en vida a su esposa, Wendely Manely, así como a sus padres, Aide Dolores Aponte Moni y Dionys Rafael Cruz Rosario, quienes comparecen como querellantes en este proceso en busca de justicia y reparación por la pérdida irreparable de su ser querido.

Consideran que el citado centro de diversión, con 52 años de antigüedad, sufría de filtraciones y caída parcial de pedazos y polvillo del techo, y que ha tenido remodelaciones, una de ellas como resultado del incendio de julio de 2023.

Sostienen que el edificio presentaba debilitamiento de la estructura por la antigüedad, el incendio, los remiendos, las filtraciones, las cargas indebidas en el techo (como almacenes y equipos pesados de aire acondicionado), fisuras en el techo y otros efectos.

Explican que, a pesar de esto, los gerentes fueron negligentes al no haber realizado una planificación adecuada en la expansión, modificaciones, diseño de seguridad y fortalecimiento de las estructuras y del techo del edificio, e inobservando las regulaciones y normativas al efecto.

Los querellantes alegan que los hechos narrados en la instancia evidencian una cadena de negligencias estructurales y omisiones de seguridad, atribuibles no sólo a los gerentes y accionistas de la discoteca, sino también a las instituciones públicas, como la Alcaldía del Distrito Nacional, llamadas por ley a prevenir riesgos y garantizar la integridad física de los ciudadanos.

Destacan que estas instituciones, al fallar en sus deberes de inspección, fiscalización y control, violaron sus funciones legales y propiciaron un ambiente de peligro que culminó en esta tragedia evitable.

Agregan que, según el acta de defunción, la causa del fallecimiento de Virgilio Rafael Cruz Aponte fue un trauma contuso craneoencefálico, acompañado de contusión y hemorragia cerebral, producto del impacto directo del colapso estructural sobre su cabeza. Indican que no solo los gerentes Antonio Espaillat López y Ana Grecia López son civilmente responsables, sino que debe procederse a levantar el velo corporativo debido a que en el presente caso se evidencia un manejo negligente y temerario de la sociedad que resultó en personas fallecidas y decenas de heridos.

Aducen que esa tragedia no solo es atribuible a los propietarios y administradores de la discoteca Jet Set, quienes estaban obligados a garantizar la integridad estructural y la seguridad de su local, sino también a las instituciones del Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional, que fallaron en el cumplimiento de sus deberes legales de supervisión, inspección y autorización de funcionamiento de establecimientos abiertos al público.

Señalan que, según las pruebas recopiladas y los testigos, existen elementos suficientes para presumir razonablemente que los imputados Antonio Espaillat López y Ana Grecia López han cometido la violación que se alega, una vez vistos los elementos de prueba hasta ahora recolectados.

Precisan que el Estado dominicano puede ser demandado por responsabilidad civil, tanto por hechos ilícitos cometidos por sus agentes como por omisiones en el cumplimiento de sus deberes legales, cuando estas acciones u omisiones causen daño a particulares.

“Esta acción judicial busca sentar precedentes sobre la responsabilidad de los propietarios de centros de entretenimiento en garantizar condiciones adecuadas de seguridad, así como del Estado que repare daños por faltar en su rol de fiscalizador”, expresó Félix Portes, el abogado de la familia.