El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, acusó el lunes al expresidente Evo Morales y a sus acompañantes de disparar el domingo contra una patrulla antidrogas, atropellar a un policía para evadir un control y montar un video para acusar al gobierno de intentar asesinarlo.

Con esos argumentos Del Castillo rechazó la versión de Morales quien el domingo difundió un video de un supuesto ataque armado en la región del Chapare cuando se dirigía a un programa en una radio de los cocaleros. El domingo el gobierno habló de un “autoatentado”.

“Si no tiene nada que esconder le pedimos al señor Morales (entregue su coche) para una prueba de micro aspirado. ¿Estaba transportando armas, sustancias controladas?”, preguntó el funcionario en rueda de prensa. El micro aspirado es una prueba que realiza la policía para detectar cocaína.

Del Castillo acusó también a Morales de “mandar a su gente” a incautar y quemar los coches patrulleros para “borrar las evidencias” de los disparos realizados desde los automóviles en los que iban el expresidente (2006-2019) y sus colaboradores.

El gobierno anunció una nueva querella contra el líder cocalero por “tentativa de homicidio” en contra de un policía que resulto con heridas en la pierna y dijo que la policía no ha recibido una orden de arresto contra Morales por una investigación penal que le inició la justicia.

No es la primera vez que el gobierno de Arce desliza sospechas de una presunta protección de Morales al narcotráfico en el Chapare donde, según Del Castillo, operan más del 80% de laboratorios de cocaína de todo el país.

Poco antes del informe del gobierno, Morales dijo en un mensaje por la red social X, antes Twitter, que “Del Castillo intentará desviar la atención del atentado criminal, con la versión falsa y mentirosa de que se trataba de un operativo antidroga... El gobierno quiere tapar con mentiras su intento de acabar con mi vida”.

También el comando de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en el que “desmiente rotundamente las falsas acusaciones” del político, líder de una fracción del dividido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

En tanto, el país ingresó el lunes en la tercera semana de bloqueos de carreteras que están asfixiando a la economía. La policía no ha logrado despejar todos los cortes que han provocado desabastecimiento de alimentos y combustible.

La protesta ha sido convocada por seguidores de Morales para evitar su arresto en un caso judicial de supuesto abuso de una menor cuando era mandatario en 2016. Los seguidores de Morales amenazaron con radicalizar las protestas y mantenían el lunes tomado un pequeño aeropuerto en la región del Chapare.

El principal asesor de Morales, Juan Ramón Quintana, llamó públicamente a los cocaleros a reforzar su custodia “hasta que vengan condiciones de la comunidad internacional y pueden llevar al expresidente a un lugar seguro”.

“Morales busca desviar la atención con este supuesto montaje para forzar su salida del país y que no responda por acusaciones de abuso de menores”, dijo la diputada afín al gobierno Deisy Choque.

“El país está a la deriva en medio de la pelea entre Morales y Arce para ver quién se va primero mientras tienes gente atrapada en las carreteras, malestar en los mercados por los precios, con una justicia que no genera credibilidad y una policía que parecer estar haciendo lo mínimo”, graficó el senador opositor Rodrigo Paz a la emisora Fides.

La caída en las exportaciones en los últimos años agravó la escasez de dólares para importar combustibles y venderlos a precio subvencionado. A las dificultades para abastecer de combustibles se sumaron incrementos en el costo de vida en medio de fuertes críticas a Arce por su manejo de la economía.

Las disputas entre Arce y Morales por el control del MAS de cara a las elecciones presidenciales de 2025 han complicado la situación económica y han dado argumentos a Morales para cuestionar la gestión de su sucesor y apuntalar su regreso al poder. A su vez, Arce ha denunciado un complot de Morales para forzar su renuncia.