Ciudad del Vaticano - La Junta de Protección de Menores que formó el papa Francisco pidió el martes que las víctimas de abusos sexuales de clérigos reciban más acceso a información sobre sus casos y derecho a compensación, en el primer análisis global sobre los esfuerzos de la Iglesia católica para abordar la crisis.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores publicó una serie de hallazgos y recomendaciones en su primer informe anual, centrado en la Iglesia en una docena de países, dos órdenes religiosas y dos oficinas vaticanas.

En su nota más crítica, el equipo pidió más transparencia de la oficina del Vaticano que gestiona las acusaciones de abusos sexuales, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Señaló que el secretismo y la lenta tramitación de los casos suponían un nuevo trauma para las víctimas, y su rechazo a publicar estadísticas sobre su propia jurisprudencia el dicasterio sigue “fomentando la desconfianza entre los fieles, especialmente la comunidad de víctimas/sobrevivientes”.

El reporte de 50 páginas marcaba un hito para la comisión, que en sus 10 años de existencia ha tenido problemas para encontrar su lugar en un Vaticano a menudo reacio a enfrentar la crisis de abusos y hostil a las políticas centradas en el apoyo a las víctimas.

Francisco creó la oficina en 2014, al año siguiente de ser elegido, para asesorar al Vaticano sobre las mejores formas de prevenir abusos sexuales del clero. Nombró como responsable de la oficina al entonces arzobispo de Boston, el cardenal Sean O’Malley.

Después de que varios miembros fundadores renunciaran frustrados, hartos de las trabas del Vaticano y de los propios problemas internos de la comisión, la oficina se ha estabilizado en los últimos años y se ha centrado en campos realistas donde puede servir de ayuda. Una prioridad ha sido prestar financiamiento y asesoría a iglesias en países más pobres donde hay menos recursos para elaborar y aplicar protocolos de protección de menores y atender a las víctimas.

En su reporte, la comisión mencionó por ejemplo que la Iglesia católica en México se ve lastrada por “barreras culturales significativas al reporte de los abusos que impiden el proceso de justicia”. En Papúa Nueva Guinea, las limitaciones de financiamiento hacen que el personal eclesiástico no tenga formación suficiente y afectan a los servicios para víctimas. Incluso los kits para investigar violaciones necesarios en el proceso penal resultan prohibitivamente caros, señaló el informe.

Sin embargo, sus principales conclusiones eran de naturaleza más general: las víctimas, señaló, deben tener derecho a recibir información sobre sus casos juzgados por la Iglesia, ya que el secretismo y los largos plazos de tramitación a menudo les victimizan de nuevo. La comisión propuso crear un abogado o defensor especial en el Vaticano que se encargue de defender las necesidades de las víctimas.

Como función de justicia restaurativa —descrita como “justicia conversional”— las víctimas deben tener derecho a compensaciones por sus abusos, lo que incluye reparaciones económicas pero también disculpas públicas para ayudarles a sanar, indicó.

También pidió una definición y concienciación más uniforme de los protocolos de la Iglesia para proteger a “adultos vulnerables” de los abusos, yendo más allá de la tendencia de considerar que sólo el abuso de menores es criminal. La petición pretende responder a las peticiones de que la Iglesia haga más para proteger a religiosas, seminaristas e incluso fieles adultos corrientes de gurús religiosos que abusan de su autoridad y se aprovechan de adultos bajo su influencia espiritual.

Francisco pidió el informe a la comisión en 2022 y dijo que quería una auditoría de progresos para determinar qué se está haciendo bien y qué debe cambiarse.

La comisión señaló que, al menos en su primera edición, el reporte no era una auditoría sobre la incidencia de los abusos en la Iglesia. Para convertirse en un mecanismo de auditoría, señaló, “la comisión necesitaría acceso a información estadística más específica” de la oficina que gestiona las denuncias de abusos sexuales, y que recibe todos los reportes creíbles de abuso de menores en la Iglesia pero que al parecer no proporcionó los datos a la comisión.

El informe pidió más colaboración y diálogo con la oficina y expresó su satisfacción porque “el dicasterio está explorando qué medidas podrían tomarse” para ayudar a los obispos y superiores religiosos a atender a las víctimas.

También pidió que la oficina hiciera más pública su labor, lo que incluiría lecciones académicas y conferencias, así como más material para los obispos que les ayude a administrar justicia.

Francisco permitió este año que O’Malley se retirase, cinco años después de la edad normal de jubilación de los obispos, y hace poco insinuó que el mando de la comisión pasaría a su actual número dos, el obispo Luis Manuel Ali Herrera.