El líder de la oposición de Corea del Sur se ofreció el domingo trabajar con el gobierno para aliviar el revuelo político, mientras las autoridades intentaban tranquilizar a aliados y mercados al día siguiente de que el Parlamento, controlado por la oposición, votara a favor de someter a juicio político al presidente conservador Yoon Suk Yeol por su breve intento de imponer la ley marcial.

El líder del Partido Democrático Liberal, Lee Jae-myung, cuyo partido tiene mayoría en la Asamblea Nacional, instó a la Corte Constitucional a emitir rápidamente un fallo sobre el juicio político de Yoon y propuso un consejo especial para agilizar la cooperación entre el gobierno y el parlamento.

Los poderes de Yoon estarán suspendidos hasta que la Corte Constitucional decida sobre el caso, ya sea que lo destituya o restaure sus poderes. Si Yoon es destituido, habrá que celebrar una elección nacional para elegir a su sucesor dentro de los 60 días siguientes.

Lee, quien ha liderado una feroz ofensiva política contra el asediado gobierno de Yoon, está considerado como el favorito para reemplazarlo. En 2022 perdió las elecciones presidenciales frente a Yoon por un margen muy estrecho.

En una conferencia de prensa televisada, Lee afirmó que un fallo rápido de la corte sería la única manera de “minimizar la confusión nacional y el sufrimiento de la gente”.

La corte se reunirá el lunes para comenzar a considerar el caso y tiene hasta 180 días para decidir. Pero los observadores dicen que un fallo de la corte podría llegar más rápido. En el caso de juicios políticos parlamentarios de presidentes anteriores, Roh Moo-hyun en 2004 y Park Geun-hye en 2016, la corte tardó 63 días y 91 días respectivamente antes de determinar reinstaurar a Roh y destituir a Park.

Lee también propuso la creación de un consejo nacional donde el gobierno y la Asamblea Nacional trabajarían juntos para estabilizar los asuntos estatales, y señaló que su partido no buscaría la destitución del primer ministro, Han Duck-soo, nombrado por Yoon y que ahora sirve como presidente en funciones.

“El Partido Democrático cooperará activamente con todas las partes para estabilizar los asuntos estatales y restaurar la confianza internacional”, afirmó Lee. “La Asamblea Nacional y el gobierno trabajarán juntos para resolver rápidamente la crisis que se ha apoderado de la República de Corea”.

No estaba claro si el consejo propuesto por Lee se formaría.

En una reunión con el presidente del parlamento, quien mencionó la idea de Lee, Han dijo que cooperará estrechamente y se comunicará con la Asamblea Nacional, pero no especificó si el gobierno tiene la intención de unirse al consejo. Por su parte, Kweon Seong-dong, líder del grupo parlamentario del Partido del Poder Popular, criticó la propuesta de Lee, diciendo que “no es correcto” que el partido de oposición actúe como si fuera el partido gobernante.

Kweon, un leal a Yoon, dijo que su partido utilizará los canales de diálogo existentes entre el PPP y el gobierno “para continuar asumiendo la responsabilidad como el partido gobernante hasta el final del mandato del presidente Yoon”.

El Partido Democrático ha utilizado su mayoría parlamentaria para destituir al ministro de Justicia y al jefe de la policía nacional por el decreto de ley marcial, y antes dijo que también estaba considerando destituir al primer ministro.

Al asumir su papel como líder en funciones, Han ordenó a las fuerzas militares fortalecer su preparación para prevenir provocaciones de Corea del Norte. También pidió al ministro de Relaciones Exteriores informar a otros países que las principales políticas exteriores de Corea del Sur permanecerán sin cambios, y al ministro de Finanzas trabajar para minimizar los posibles impactos negativos en la economía por el revuelo político.

Han habló el domingo por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para tratar la situación política en Corea del Sur y los desafíos de seguridad regional, como el programa nuclear de Corea del Norte. Biden elogió la resiliencia de la democracia en Corea del Sur y reafirmó “el compromiso férreo” de los Estados Unidos, según ambos gobiernos.

La ley marcial impuesta por Yoon el 3 de diciembre, la primera de su tipo en más de cuatro décadas, duró sólo seis horas, pero ha causado un enorme escándalo político, detenido actividades diplomáticas y estremecido los mercados financieros. Yoon se vio obligado a levantar su decreto después de que el Parlamento votara por unanimidad para anularlo.

Yoon envió cientos de soldados y policías a la Asamblea Nacional para tratar de detener la votación, pero se retiraron después de que los legisladores rechazaran el decreto de Yoon. No hubo incidentes graves de violencia.

Los partidos de oposición han acusado a Yoon de rebelión y afirman que un presidente en Corea del Sur sólo está autorizado a declarar la ley marcial durante una guerra o en emergencias similares, y que incluso en esos casos, no tendría derecho a suspender la actividad parlamentaria.

Yoon ha rechazado los cargos y ha jurado “luchar hasta el final”. Dijo que el despliegue de tropas al Parlamento tenía como objetivo emitir una advertencia al Partido Democrático, al que ha tachado de “fuerza antiestatal” porque ha utilizado su mayoría parlamentaria para destituir a muchos altos funcionarios y bloquear el plan de gasto del gobierno para el próximo año.

Las fuerzas de seguridad investigan posibles rebeliones y otras acusaciones. Han arrestado al ministro de Defensa de Yoon, al jefe de policía y a otros dos funcionarios de alto nivel.

Yoon tiene inmunidad frente a la mayoría de las acusaciones penales como presidente, pero eso no se extiende a acusaciones de rebelión o traición. Se le ha prohibido salir de Corea del Sur, pero los observadores dudan que las autoridades lo detengan debido al potencial de enfrentamientos con su servicio de seguridad presidencial.

Lee pidió a las autoridades que aceleren sus investigaciones y dijo que una investigación independiente de un fiscal especial debería comenzar lo antes posible. La semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó una ley que pide una investigación dirigida por un fiscal especial.

“Los individuos e instituciones involucrados en este acto de rebelión deberían cooperar plenamente con las investigaciones”, dijo Lee.