El destino del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro está, en gran medida, en manos de cinco personas.

En las próximas tres semanas, un panel formado por cinco de los 11 jueces del Tribunal Supremo Federal de Brasil decidirá si Bolsonaro y otras 33 personas acusadas por el fiscal general de intentar un golpe de Estado serán juzgadas.

Para acelerar ciertos casos, incluidos los penales, el alto tribunal puede utilizar uno de sus dos paneles de cinco jueces, ambos permanentes y que excluyen al presidente de la entidad. Los cambios en los comités suelen darse principalmente por solicitud o cuando uno de sus miembros se convierte en presidente de la corte. En Brasil, ese cargo se ejerce durante dos años.

Como ponente de los casos contra Bolsonaro, el juez Alexandre de Moraes fue autorizado a presentarlos ante el panel del que forma parte.

El grupo de cinco jueces que podría decidir el futuro de Bolsonaro excluye a los dos magistrados nombrados por él —André Mendonça y Kássio Nunes Marques—, que forman parte del otro comité.

Los abogados de Bolsonaro han manifestado que quieren que el fallo dependa del tribunal al completo, no solo de los cinco jueces. Pero esa decisión solo puede ser tomada por de Moraes, como ponente del caso, o por tres de los magistrados del panel —una mayoría.

Si se aceptan los cargos, ese mismo comité podría convertirse en el principal órgano judicial que escuche la defensa de Bolsonaro, el testimonio de testigos y dicte sentencia.

Los expertos legales del país están divididos sobre si mantener el juicio limitado a ese panel, para que no se extienda hasta las elecciones presidenciales de 2026, o solicitar una decisión del tribunal completo, que tendría una mayor autoridad.

Luis Henrique Machado, abogado penalista y profesor en la universidad IDP en Brasilia, apunta que es “prácticamente imposible” que el panel rechace los cargos contra Bolsonaro, aunque esto no garantiza un veredicto de culpabilidad.

El expresidente niega cualquier irregularidad en los cinco cargos en su contra y afirmó que está siendo perseguido políticamente.

A continuación, un vistazo a los jueces que decidirán sobre el posible juicio a Bolsonaro y probablemente dictarán sentencia en el caso:

De Moraes es el ponente de los casos contra el expresidente en el tribunal y también un objetivo de Bolsonaro y sus aliados. Nombrado por el expresidente Michel Temer en 2017, es considerado un miembro conservador del tribunal que, a diferencia de sus pares, tiene experiencia como secretario de Seguridad Pública. El juez, de 56 años, también fue blanco de las críticas del multimillonario Elon Musk, quien abogó por su destitución por una presunta extralimitación judicial.

Lúcia, que también preside el Tribunal Superior Electoral de Brasil, fue nombrada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2006, durante su primer mandato. Desde entonces, la magistrada de 70 años ha sido considerada una de las más severas del tribunal en casos penales, incluyendo en aquellos contra el actual mandatario. Lúcia ha seguido a menudo a de Moraes en sus decisiones sobre salvaguardias democráticas. Hace dos años, escribió en uno de sus fallos que Bolsonaro no respetó la presidencia.

Zanin es el presidente del panel. El magistrado, de 49 años, fue abogado de Lula entre 2013 y 2023, cuando fue nombrado por el líder izquierdista para el tribunal superior del país. Su trabajo yudó a anular la condena por corrupción contra Lula en el alto tribunal, lo que le permitió salir de la cárcel y derrotar a Bolsonaro en las elecciones de 2022. Criticó la extralimitación judicial durante la extensa investigación de corrupción del caso Autolavado, que llevó a Lula a la cárcel durante casi un año.

Dino, de 56 años, es un ex juez federal que hizo la transición a la política antes de ser nombrado para el tribunal superior, donde es la última incorporación. Fue nombrado por Lula en 2023 después de haber sido su ministro de Justicia. Ocupaba ese cargo cuando los partidarios de Bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales el ocho de enero de 2023, algo que, según el fiscal general, formó parte de un plan para devolver al líder de ultraderecha a la presidencia. Dino ha sido crítico de Bolsonaro durante años.

Considerado por sus homólogos como un moderado, fue nombrado en 2011 por la entonces presidenta Dilma Rousseff. Fux, de 71 años, tuvo una relación difícil con el mandato de Bolsonaro cuando fungió como presidente del alto tribunal entre 2020 y 2022, especialmente en lo relativo a cuestiones vinculadas con la pandemia de COVID-19. Cuando dejó el cargo, poco antes de las últimas elecciones presidenciales, dijo que el tribunal era blanco diario de “palabras hostiles o actos antidemocráticos”. A menudo sigue las decisiones de de Moraes.