El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio dijo el martes que la oferta de El Salvador de aceptar y encarcelar a criminales violentos estadounidenses plantea claros problemas jurídicos, pero señaló que había sido “muy generosa” y añadió que el presidente Donald Trump tomaría una decisión sobre si aceptarla.

En la víspera, Rubio alcanzó un inusual acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para aceptar a las personas deportadas de Estados Unidos de cualquier nacionalidad, incluidos ciudadanos estadounidenses que estén encarcelados por crímenes violentos.

“Obviamente hay cuestiones legales involucradas. Tenemos una Constitución”, señaló Rubio en una conferencia de prensa celebrada el martes en San José con el presidente costarricense Rodrigo Chaves. “Pero es una oferta muy generosa. Nadie ha hecho nunca una oferta así. Y externalizar, a una fracción del costo, al menos a algunos de los criminales más peligrosos y violentos que tenemos en Estados Unidos. Pero obviamente, el gobierno tendrá que tomar una decisión”.

Rubio se reunió con Chaves para discutir asuntos sobre inmigración —una prioridad del gobierno Trump— mientras que el principal diplomático estadounidense enfrenta grandes trastornos en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que ha dejado a muchos en la agencia de ayuda y el Departamento de Estado inquietos y temerosos por sus empleos.

La visita de Rubio a Costa Rica se produce un día después de su reunión con Bukele, quien confirmó la oferta en una publicación en X, señalando que El Salvador ofreció “a los Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario”. Agregó que su país solo aceptará a “criminales convictos” y que cobrará una tarifa que “sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”.

El Departamento de Estado describe las cárceles superpobladas de El Salvador como “duras y peligrosas”. En su página web actual de información del país dice: “En muchas instalaciones, las provisiones para saneamiento, agua potable, ventilación, control de temperatura e iluminación son inadecuadas o inexistentes”.

El Salvador vive bajo un estado de emergencia desde marzo de 2022, cuando las poderosas pandillas callejeras del país iniciaron una ola de asesinatos. Bukele respondió suspendiendo derechos fundamentales como el acceso a abogados, y las autoridades han arrestado a más de 83,000 personas con poco o ningún debido proceso.

En 2023, Bukele inauguró una mega prisión con capacidad para 40,000 pandilleros y redujo los alimentos de los prisioneros a dos veces al día. Los prisioneros allí no reciben visitas, y no hay programas que los preparen para la reinserción en la sociedad después de sus condenas ni talleres o programas educativos.

El Salvador, que alguna vez fue uno de los países más peligrosos del mundo, cerró el año pasado con un mínimo histórico de 114 homicidios, una nueva sensación de seguridad que ha impulsado la popularidad de Bukele en el país de unos 6 millones de residentes.

La migración ha sido el tema principal de la gira de Rubio por cinco naciones de Centroamérica que abarca Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana. Su primera parada fue en Panamá y luego en El Salvador.

Mientras Rubio estaba fuera de Estados Unidos, los empleados de la USAID recibieron instrucciones el lunes para que se mantuvieran fuera de la sede de la agencia en Washington después de que el multimillonario Elon Musk anunció que Trump había acordado con él cerrar la agencia.

Miles de empleados de USAID ya habían sido despedidos y se habían cerrado programas. Rubio dijo a los periodistas en San Salvador que ahora era el administrador interino de USAID, pero que había delegado esa autoridad para no estar al frente de las operaciones diarias de la agencia.

El cambio significa que USAID ya no es una agencia gubernamental independiente como lo había sido durante décadas, y será dirigida desde el Departamento de Estado por funcionarios de la dependencia, aunque su nuevo estatus seguramente será impugnado en los tribunales.

En una carta que Rubio envió a los legisladores y que fue obtenida por The Associated Press, dijo que el Departamento de Estado trabajaría con el Congreso “para reorganizar y absorber ciertas oficinas, misiones y departamentos de USAID”.

Agregó que los procesos en la agencia, que ha sido afectada por la congelación de Trump de toda la asistencia extranjera, no están bien coordinados y eso “socava la capacidad del presidente para llevar a cabo relaciones exteriores”.

“En consulta con el Congreso, la USAID puede mover, reorganizar e integrar ciertas misiones, oficinas y despachos en el Departamento de Estado, y el resto de la agencia puede ser abolida de acuerdo con la ley aplicable”, escribió Rubio.