La policía peruana informó el lunes el hallazgo de los restos de 12 personas en una mina de la mayor región productora de oro del país que está plagada por la delincuencia, lo que ha llevado al gobierno a restringir los derechos constitucionales desde hace casi un año y medio.

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la división contra el crimen organizado en la región La Libertad, dijo a la prensa tras una actividad oficial que podría haberse tratado de una “pugna interna” entre grupos criminales vinculados con la minería ilegal que se disputan los socavones y que también se enfrentan a las compañías mineras legales de la zona para robarles el oro.

Según la policía, la zona remota donde fue hallado el socavón se llama Las Tolvas, dentro de la provincia de Pataz, la cual ha estado dominada en los últimos cuatro años por grupos que se disputan la extracción de oro. Hace una semana la policía ingresó a Las Tolvas y revisó cada uno de los varios socavones que existen en esa área montañosa y en uno de ellos halló los cadáveres.

Los cuerpos están siendo analizados por los forenses en la morgue de la capital regional, llamada Trujillo.

En la provincia de Pataz los derechos constitucionales están restringidos por un estado de emergencia decretado por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte desde enero de 2023. No obstante, Pataz y toda la región de La Libertad sigue sufriendo extorsiones de grupos criminales. Según las autoridades hasta mitad de año 150 escuelas de La Libertad habían sido extorsionadas y 20 de ellas atacadas.

Pataz, en los Andes, es la mayor zona productora de oro de Perú donde laboran tres grandes empresas mineras pero también trabajan en otros socavones cientos de mineros ilegales.

En diciembre de 2023 un grupo criminal mató a nueve trabajadores de la minera aurífera La Poderosa, una de las más importantes del país. En todo 2023 los delincuentes derribaron siete torres de alta tensión que afectaron la energía de las empresas mineras.

Perú produce alrededor de 100 toneladas de oro por año, pero otras 40 toneladas se elaboran de forma ilegal e informal, según cálculos del Ministerio de Energía y Minas.