Estambul - La detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, ha desatado una grave crisis política en Turquía, mientras crecen las protestas y la oposición acusa al Gobierno de usar la Justicia para eliminar al principal rival del presidente islamista, Recep Tayyip Erdogan.

Turquía vive días de gran tensión política tras la detención el miércoles pasado de Imamoglu, el principal rival de Erdogan en las próximas elecciones, previstas para 2028. Imamoglu fue enviado a prisión preventiva el domingo, acusado de corrupción, manipulación de licitaciones y, en otro caso, de colaboración con el terrorismo.

Cientos de miles de personas han salido a las calles desde su detención, denunciando lo que consideran un “uso político” de la Justicia para deshacerse de un rival que tenía mejores números que Erdogan en las encuestas.

Imamoglu, de 53 años, es alcalde de Estambul desde 2019. Su elección y posterior reelección, en 2024, fue un duro golpe para Erdogan, ya que Estambul —con más de 16 millones de habitantes y un tercio del PIB del país— es el corazón político y económico de Turquía.

Desde entonces, Imamoglu se ha convertido en una figura muy popular y muchos lo ven como el único candidato capaz de derrotar a Erdogan en las presidenciales. Su estilo cercano y conciliador, también algo populista, contrasta con el liderazgo de tono más autoritario del actual presidente, lo que ha generado apoyo incluso entre sectores tradicionalmente cercanos a Erdogan.

El alcalde detenido niega de forma rotunda todos los cargos y acusa al gobierno de usar la Justicia para deshacerse de él. La Fiscalía basa sus acusaciones en testigos cuya identidad se mantiene en secreto, lo que ha aumentado las sospechas.

La acusación de colaboración con el terrorismo se sustenta en un acuerdo político con una formación legal, el DEM (de orientación prokurda), lo que muchos ven como una excusa para vincular a Imamoglu con el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Las acciones judiciales en su contra coinciden con su ascenso en las encuestas y después de que se mostrara dispuesto a presentarse a las presidenciales.

El día antes de su detención, la Universidad de Estambul anuló su título de licenciado en Administración y Gestión de Empresas, de 1994, por una supuesta irregularidad administrativa. Para ser candidato presidencial es necesario contar con una titulación universitaria. La coincidencia de numerosos factores sospechosos ha llevado a organizaciones de derechos humanos y analistas a apuntar que se trata de una estrategia para inhabilitarlo.

La respuesta ha sido inmediata y multitudinaria. La formación del alcalde, el socialdemócrata CHP, organizó el domingo unas primarias simbólicas en apoyo a Imamoglu como candidato presidencial, en las que se depositaron cerca de 15 millones de papeletas en más de 6,000 puntos del país, según datos de la formación.

Desde su detención, las protestas han sido diarias en Estambul y otras ciudades, pese a las prohibiciones gubernamentales. Desde entonces han sido detenidas unas 1,100 personas. Además, otros partidos, como el DEM, han mostrado su solidaridad. La oposición ha prometido mantener las protestas hasta lograr la liberación del alcalde.

El caso ha generado divisiones incluso dentro del partido oficialista de Erdogan, el AKP, y parece reforzar la imagen de Imamoglu como víctima de una persecución y símbolo de resistencia democrática.

Imamoglu también conecta mejor con los jóvenes, muchos de los cuales han salido a protestar en su apoyo. La mayoría de ellos ha crecido sin conocer una Turquía sin Erdogan, en el poder desde 2003.

La detención de Imamoglu tuvo un fuerte impacto económico: la Bolsa de Estambul se desplomó, la lira turca se depreció y el Banco Central tuvo que intervenir vendiendo divisas por valor, según algunas fuentes, de más de 20,000 millones de dólares para estabilizar la moneda.

La crisis tiene un fuerte impacto en Turquía, una economía abierta que depende de las inversiones foráneas y donde las exportaciones y el turismo tienen gran importancia.

Turquía sigue teniendo una inflación muy alta, de alrededor del 40 %, y, si en el pasado Erdogan podía sacar pecho de su gestión económica, existe un malestar creciente por la situación actual, que ha empobrecido a muchas familias. Este descontento económico hace que sectores próximos al AKP, como pequeños comerciantes, puedan tener simpatías hacia las protestas.

La reacción internacional ha sido muy tibia, especialmente por parte de los aliados occidentales. Turquía, como país clave de la OTAN y un actor importante en conflictos como Ucrania y Oriente Medio, se ha convertido en un socio imprescindible.

Mientras algunos líderes europeos, como el saliente canciller alemán, Olaf Scholz, han expresado preocupación, otros han optado por el silencio. Estados Unidos ha tratado el caso como un asunto interno para evitar molestar a Erdogan.

Muchos analistas opinan que el gobierno turco está aprovechando el momento internacional actual y su posición geopolítica estratégica para imponer una agenda autoritaria sin sufrir demasiada presión externa.