El cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien fuera un poderoso funcionario del Vaticano, se retiró formalmente de participar en el cónclave para elegir a un nuevo papa.

El tribunal penal del Vaticano condenó a Becciu en 2023 por malversación y otros cargos relacionados con finanzas al final del llamado “juicio del siglo”. Sin embargo, en los últimos días, insistió en que aún tenía derecho a votar en el cónclave. Se retiró el martes, aparentemente después de que se le mostraran dos cartas, escritas por el papa Francisco antes de su muerte, donde se le indica que no debería participar.

Becciu, de 76 años, fue en su momento un destacado candidato papal. Diplomático de carrera en el Vaticano, sirvió en embajadas en Angola, Cuba y otros lugares antes de asumir uno de los puestos más poderosos como “sustituto” en la secretaría de estado del Vaticano. Francisco lo nombró jefe de la oficina de canonización del Vaticano y lo promovió a cardenal en 2018, pero luego lo obligó a renunciar por acusaciones de mala gestión financiera.

El nativo de Cerdeña ganó prominencia en el reinado del conservador papa Benedicto XVI y está estrechamente afiliado con la vieja guardia conservadora del Vaticano. Aunque inicialmente se convirtió en un asesor cercano de Francisco, Becciu también le debe a él su caída.

Francisco obligó a Becciu a retirarse como jefe de la oficina de canonización del Vaticano y le forzó a renunciar a los derechos del cardenalato el 24 de septiembre de 2020, tras ser informado de acusaciones de que Becciu le envió dinero del Vaticano a su hermano en Cerdeña.

Becciu dijo a los periodistas que su caída fue “surrealista”, pero que tenía la conciencia tranquila. Afirmó que seguía siendo leal a Francisco y estaba dispuesto a morir por él.

En sus estadísticas oficiales, el Vaticano señaló que ya no era un elector en el cónclave.

A sus 76 años, Becciu está por debajo del límite de edad de 80 años y técnicamente es elegible para votar.

Tras varios días de controversia sobre su participación en el cónclave, Becciu emitió un comunicado a través de su abogado, Fabio Viglione, renunciando a su participación.

“Teniendo en el corazón el bien de la iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer, como siempre lo he hecho, la voluntad del papa Francisco de no entrar en el cónclave, aunque sigo convencido de mi inocencia”, decía el comunicado.

No se sabe qué decían las cartas de Francisco.

En 2021, los fiscales del Vaticano emitieron una acusación de 487 páginas imputando a Becciu y a otras nueve personas de numerosos delitos financieros, entre ellos, fraude, malversación, extorsión, corrupción, lavado de dinero y abuso de poder.

El asunto principal tuvo que ver con la inversión de 350 millones de euros de la Santa Sede en una propiedad de lujo en Londres. Los fiscales alegan que corredores y monseñores del Vaticano estafaron a la Santa Sede con decenas de millones de euros en honorarios y comisiones, y luego la extorsionaron por 15 millones de euros (16,5 millones de dólares) para ceder el control de la propiedad.

La investigación de Londres generó dos tangentes que involucraron a Becciu, el acusado estrella, incluidas las acusaciones de Cerdeña.

Los fiscales lo acusaron de malversación porque envió 125.000 euros de dinero del Vaticano a una organización benéfica diocesana en Cerdeña que era dirigida por su hermano. Becciu argumentó que el obispo local solicitó el dinero para una panadería que empleara a jóvenes en riesgo, y que el dinero permaneció en las arcas diocesanas.

Becciu también fue acusado de pagar a una mujer sarda, Cecilia Marogna, por sus servicios de inteligencia. Los fiscales rastrearon alrededor de 575.000 euros en transferencias del Vaticano a la empresa fachada eslovena de Marogna, y después, gastos en artículos de lujo de alta gama.

Becciu dijo que pensaba que el dinero se iba a usar para pagar a una empresa de seguridad británica para negociar la liberación de una monja colombiana que había sido secuestrada por militantes islámicos en Mali en 2017.

Becciu, Marogna y siete personas más fueron condenadas por varios cargos relacionados con finanzas, y todas ellas han presentado apelaciones.

Continúan las preguntas sobre la integridad del juicio. Durante el proceso, el tribunal escuchó que Francisco intervino en varias ocasiones en nombre de los fiscales, y que el testigo principal de la acusación contra Becciu fue instruido y manipulado por personas externas.

Los abogados defensores descubrieron que el papa había emitido en secreto cuatro decretos durante la investigación para beneficiar a los fiscales, permitiéndoles realizar intercepciones y detener a sospechosos sin una orden judicial.

Los abogados argumentaron que tal interferencia por parte de un monarca absoluto en un sistema legal donde el papa ejerce el supremo poder legislativo, ejecutivo y judicial violó los derechos fundamentales de sus clientes y les privó de un juicio justo.

El tribunal rechazó sus objeciones, pero en las últimas semanas han surgido más pruebas sobre la manipulación externa del testigo y la aparente colusión con los fiscales y gendarmes del Vaticano para apuntar a Becciu.

Se tiene previsto que la apelación inicie en septiembre.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se negó a hablar sobre las nuevas pruebas reportadas por el periódico Domani sobre los esfuerzos para señalar a Becciu, diciendo que solo hablaría sobre el cónclave.