La Procuraduría General de la República (PGR) ha tomado medidas ante informaciones de que el empresario Antonio Espaillat López estaría realizando acciones para transferir bienes a su nombre. El órgano acusador habría interpretado esto como una estrategia para evitar resarcir a las cientos de víctimas del desplome de la discoteca Jet Set.

La Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, así como otras propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación iniciada en relación con la tragedia de la discoteca Jet Set, en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

Entre estas diligencias, se interpusieron oposiciones a traspasos de bienes que estaban en movimiento. Según el Ministerio Público, esta es una medida para proteger los derechos de las víctimas, luego de que el pasado martes 8 de abril se desplomara por completo el techo de concreto de la discoteca mientras se celebraba una fiesta con el merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el lugar de los hechos.

“El Ministerio Público ha gestionado imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set”, comentó una fuente ligada a la investigación, señalando que las mismas diligencias se están realizando bajo el amparo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

Indicó que esto tiene como fin evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Precisó que esto no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que, de manera administrativa, se pueda poner un “stop” a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculados a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y con la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

La Ley Orgánica del Ministerio Público, 133-11, en su artículo 169, establece que es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.

En su párrafo 1, sostiene que, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos, y defenderá el interés público tutelado por la ley.

Mientras que en el párrafo II, señala que la ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del Ministerio Público y otro organismo que a tal efecto se constituya.

Mientras que el artículo 170, sobre autonomía y principios de actuación, aduce que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, y ejercerá sus funciones conforme a los principios de legalidad, unidad de actuaciones, jerarquía, individualidad y responsabilidad.