Uno de los casos de desaparición más notorios de los últimos años podría quedar en el limbo.

La salida del país de Joshua Steven Riibe, la última persona que vio a Sudiksha Konanki, tras la concesión de un recurso de hábeas corpus, genera dudas sobre el futuro de la investigación.

Si no se encuentra a la joven o su cuerpo, el Ministerio Público tendrá pocas opciones para esclarecer el caso, que ha mantenido en vilo a la República Dominicana por más de dos semanas.

El juez a cargo consideró que Riibe es un testigo, y le restituyó su derecho a salir del país. Esta decisión complica la labor del Ministerio Público, más aún porque los padres de Konanki solicitaron a la Policía Nacional una declaración legal de fallecimiento. Sin embargo, juristas señalan que esto no impide que la investigación continúe.

“El Ministerio Público puede seguir con la indagación porque representa al Estado y tiene el deber de esclarecer hechos que atenten contra la vida. Sin embargo, sin querellantes directos, no está obligado a continuar, y la falta de pruebas podría llevar al cierre del caso”, explicó la abogada Sonia Marlene Guerrero.

Según la jurista, la decisión de los padres de Konanki responde a diferencias culturales, pues en la República Dominicana habría sido “impensable” cerrar un caso así sin presión de la familia.

Para el abogado Anulfo Miranda, la investigación solo tendría sentido si el Ministerio Público encuentra indicios de que terceras personas estuvieron involucradas.

“A Joshua ya no lo veremos en este país. Pero si se comprueba que hubo un crimen y que otras personas participaron, la investigación podría seguir”, afirmó.

En tanto, el jurista Amadeo Peralta criticó la decisión de dejar ir a Riibe.

“Si el Ministerio Público consideraba que había razones para investigarlo, no debieron permitir que se fuera, ya que si se comprueba que finalmente implicado en un crimen, extraditarlo desde Estados Unidos sería casi imposible ahora”, advirtió.

El abogado Wander Matos también cuestionó la estrategia del Ministerio Público.

“Desde el principio debieron imponer una medida de coerción y luego investigar. Tenerlo como testigo sin restricciones dio pie a que se acogiera el recurso de hábeas corpus, y en ese punto, ya habían perdido el control del caso”, indicó.

Por el momento, la investigación sigue abierta, aunque sin sospechosos y con escasas pruebas. Las autoridades dominicanas continúan con las labores de búsqueda y recolección de mínimas evidencias, mientras la familia de Konanki ha solicitado que se le declare legalmente muerta.

El caso, sigue generando atención internacional.