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Las querellas por supuesto fraude electoral en un hogar de cuido prolongado en Jayuya aumentaron este jueves a dos y, en ambas, se alega que se solicitó voto adelantado para dos adultos mayores cuyas condiciones de salud no le permitían hacer esta gestión, informó el Negociado de la Policía.

Pese a que la solicitud presuntamente se concretó, las papeletas no fueron entregadas, por lo que nunca se emitieron los votos, indicó la coronel Diana Crispín Reyes, comandante del área policíaca de Utuado.

“Sobre ambas querellas, ya hay investigaciones en curso y comunicaciones con el Departamento de Justicia, quien está asistiendo en el proceso, en lo que se recopila toda la información y se realiza una consulta formal con la División de Integridad Pública, asignada por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, para atender casos relacionadas al proceso electoral”, expresó la oficial.

Informó, en tanto, que se instruyó a los querellantes que realizaran una segunda querella ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) “para que esta tome medidas cautelares y realice una investigación administrativa”.

Crispín Reyes explicó que ambas pesquisas –administrativa y criminal– pueden coexistir simultáneamente.

En expresiones remitidas a El Nuevo Día, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, sostuvo que el ente “se mantiene vigilante al cumplimiento de las leyes y, muy en particular, la protección de los derechos de los electores”.

Asimismo, destacó que el Artículo 12.3 del Código Electoral dispone que cualquier persona que obstruya, interrumpa, intimide o intervenga ilegalmente en el proceso electoral estaría cometiendo un delito grave, con una pena de uno a tres años de cárcel y/o una multa de no más de $5,000.

“Una vez más, advertimos que la comisión de un delito electoral tiene consecuencias, incluso de reclusión, por lo que nadie debería actuar contrario a la ley antes citada. En lo que respecta a la Comisión, le recordamos a todo elector que siente que sus derechos hayan sido violentados que acuda a las autoridades y, tal como ocurrió en este caso, formalice una querella para que pueda ser investigada con la seriedad y oficialidad que amerita”, comentó Padilla Rivera.

La CEE confirmó que, hasta la tarde de este jueves, no tenía ninguna querella administrativa sobre los casos de Jayuya.

La primera querella –ante la Policía– la radicó la jueza del Precinto 56 de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de Jayuya, luego de que dos mujeres indicaran que a su madre le fue solicitado el voto adelantado sin que su familia tuviera conocimiento.

“Las mismas (hijas) indicaron que su madre no está en condiciones aptas para ejercer el derecho al voto”, señala el informe preliminar de la Policía sobre el incidente, que investigó el agente José Guzmán, previo a referirlo al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) para continuar con la pesquisa.

Una sobrina de la adulta mayor –quien reside en el hogar Remanso de Paz– difundió la denuncia, en redes sociales, asegurando que su tía es paciente de Alzheimer y que lleva encamada, sin poder hablar o moverse, más de dos años.

Igualmente, relató que, preocupada porque “fueran a usar su voto”, acudió a la JIP de Jayuya para informar que “a la familia no le interesaba que votara”, dada la condición física y mental de su tía. Allí, se enteró de que la solicitud de voto adelantado tenía una equis como firma de su tía, así como las firmas del testigo y de quien recibió el documento en la CEE.

“Cuando se encontró la solicitud en un mar de cajas con muchísimos documentos, hubo una reacción en específico: ‘eso es solo una solicitud, no se dio el voto’. Eso me chocó porque primeramente NO tiene que existir esa solicitud con una ‘x’ como firma de mi tía. Este país está tan acostumbrado a la corrupción que la NORMALIZA y hasta hace ver que ‘aquí no pasó nada’”, agregó Ruth Yannira, quien se identificó como sobrina de la perjudicada.